El Estado uruguayo se hará responsable de las muertes de los ciudadanos desaparecidos que comprobó la Comisión para la Paz designada por el presidente en agosto de 2000.
Cuando Jorge Batlle asumió la presidencia en marzo de 2000, convocó a su propio despacho al poeta argentino Juan Gelman, y allí le presentó a su joven nieta, que había desaparecido al nacer en un establecimiento carcelario de la dictadura. El poeta argentino, quien nunca antes había reclamado por su nieta, comenzó a hacerlo pocos meses antes, junto a militantes de izquierdas y en plena efervescencia electoral, a través de misivas al entonces presidente Julio María Sanguinetti. Bien. Jorge Batlle concretó el encuentro; y tras conocer a su nieta, el poeta argentino Gelman no hizo más declaraciones, se marchó del Uruguay, y, que se se sepa, no ha retornado más a nuestro país a visitar a su nieta.
Poco después, el presidente anunció la creación de la llamada Comisión para la Paz, cuyo destino sería el de procurar “sellar la paz” entre los uruguayos, aludiendo a crear un “estado del alma” que permitiera cicatrizar las heridas del ayer. Y el 9 de agosto de 2000, integrada por prestigiosas personalidades de diversas tendencias políticas y presidida por el Obispo de Montevideo, Monseñor Cotugno, comenzó sus actuaciones con el cometido de investigar lo ocurrido con los desaparecidos durante la dictadura militar, desde 1973 a 1985.
Un trabajo silencioso
La Comisión recogió numerosos testimonios, tanto de militantes de la izquierda como de militares. De esta manera ha logrado aclarar las circunstancias y fallecimiento de 26 ciudadanos uruguayos desaparecidos, con datos que permiten estimar la fecha de sus fallecimientos. En todos los casos, las muertes se produjeron por torturas recibidas en centros de detención establecidos por la dictadura militar. La Comisión no pudo resolver dos casos; otros 13 desaparecidos, en Argentina, fueron sepultados en tumbas NN.
Al cabo de este período de trabajo silencioso, serio y responsable, la Comisión para la Paz ha presentado su informe final al presidente de la República con los detalles sobre las denuncias recibidas de ciudadanos uruguayos detenidos y desparecidos en Uruguay, Argentina, Chile y Paraguay, así como de argentinos que fueron trasladados al país. En Uruguay, además de los 26 casos aclarados, se descartaron siete casos. De las 176 denuncias de desaparecidos en la Argentina, fueron descartados 23 por inexistencia de infomaciones razonables y otros 20 porque figuraban en listas de organismos argentinos con nombres incorrectos y no fueron denuncias reales. En cuatro casos, la Comisión comprobó que las persona estaban vivas. (Se ha sabido que hubo quien se presentó señalando que ignoraba ser un “desaparecido”). La Comisión para la Paz fue ofreciendo periódicamente sus informes sólo a los familiares de desaparecidos. Recién ahora se ha difundido una lista de los ciudadanos fallecidos, que estaban como desparecidos.
Cabe señalar que el informe final incluye sugerencias legislativas a los efectos de que se constituya un ámbito permanente para continuar recabando y procesando informaciones sobre los casos que no se han cerrado, mecanismos de indemnización a familiares de las víctimas y una alternativa legal para declarar muertos a los desaparecidos a fin de regularizar su situación jurídica en el ámbito civil. La Comisión ha aportado, según palabras de Monseñor Cotugno, con este trabajo, “un granito de arena para el estado del alma”. Ciertamentre, es mucho más que eso. Su tarea en soledad y silencio ha logrado superar tensiones sobre tan doloroso tema, condensado un resultado humanitario altamente valorado por la sociedad uruguaya.
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