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Rubén Loza Aguerrebere

La regresión uruguaya

Por elevada mayoría ( 60,34% contra el 37,31%), los uruguayos se pronunciaron el domingo contra la ley que derogaba el monopolio de la importación, exportación y refinamiento de petróleo crudo y el de exportación de derivados del petróleo, establecidos a favor de ANCAP. El referedum contra esta ley, en cuya redacción intervinieron los dos partidos políticos tradicionales (Blanco y  Colorado)  y la coalición de izquierdas llamada Frente Amplio/Espacio Progresista, fue iniciado por el sindicato de la empresa estatal monopólica ANCAP, sumándose al recurso la coalición izquierdista.
 
Durante un año recabaron firmas, basándose fundamentalmente en una mentira. Aún los muros, imborrados, la siguen afirmando. “Firme para que ANCAP no se venda”, exclamaban a la vista y paciencia de todo el mundo. También lo afirmaron los sindicalistas y los políticos del mencionado conglomerado de izquierda donde conviven socialistas, comunistas, tupamaros y escindidos de los partidos tradicionales. Todos, menos uno,  importante co-redactor de la ley ahora derogada (senador Danilo Astori), quien se mantuvo al margen de la disputa y declaró que la ley era positiva.
 
El ex presidente Luis Alberto Lacalle (Partido Blanco o Nacional), bajo cuyo mandato de corte liberal se realizaron las mayores transformaciones del Uruguay, luego de la dictadura (privatizó el Puerto, ahora un ejemplo de prosperidad), y a quien también con este mecanismo frenaron en su afán de privatización de las empresas estatales deficitarias,  emplazó al presidente del conglomerado de izquierdas, Tabaré Vázquez, a que dijera si se vendía o no el ente estatal Ancap; y éste debió responder, desnudando la mentira que todos conocíamos, naturalmente. Tabaré Vázquez, candidato de la izquierda, señaló (el 25 de setiembre de 2003) que “jamás había dicho que se vendiera Ancap”. Y esa misma noche, aseguró que si se derogaba la ley, al día siguiente su grupo, el Frente Amplio, presentaría un proyecto alternativo.
     
Pero la animosidad sustituyó todo intento de análisis. Los ex presidentes Sanguinetti y Lacalle procuraron explicar las razones de esta ley, que no fue del gobierno sino de todos los partidos, señalando asimismo que el monopolio de Ancap, en el 2006, por acuerdos de libre tránsito en el Mercosur, se esfumará. De ahí la necesidad de modernizarla para que sea competitiva. ¿Cómo? Mediante asociaciones.
 
La izquierda derivó el análisis del asunto, centrándose en dos puntos poco democráticos por cierto: uno, que esta ley no podía dejarse en manos del gobierno actual, porque no les merecía seguridad; y, dos, por último, llamando lisa y llanamente a “votar contra el gobierno” (sic).  No, no importaba la ley.
     
La extraordinaria crisis de estos tres últimos años, la desocupación, el aumento del desempleo,  y la catástrofe en algunos bancos fue un extraordinario caldo de cultivo para la izquierda. Y como en un referéndum sobre el tema puntual importa el entorno, el voto castigó a este gobierno. Pero, esencialmente, al país entero, dando señales negativas al mundo: se considera que este resultado es negativo para el crecimiento y  que alimenta la ineficiencia. Los empresarios dicen que así se desalienta toda inversión.  En lugar de abrirnos al mundo, nos cerramos.
     
Al día siguiente del triunfo de la izquierda, el líder de ese conglomerado (Tabaré Vázquez), quien aseguró en una asamblea pública tener un proyecto sustitutivo, en conferencia de prensa donde se limitó a leer un breve comunicado,  convocó a los partidos políticos a debatir en las Cámaras (nuevamente) una nueva ley y el sistema energético de Uruguay. Parece broma. El presidente Batlle ha respondido que, como corresponde a la tradición democrática de Uruguay, el resultado del referéndum ha sido acatado por todos y ya no hay ley de Ancap. Y agregó que el Poder Ejecutivo está abierto a recibir proyectos concretos sobre el destino del ente estatal monopólico, para ser estudiados seriamente, pero discutir (a un año de las elecciones nacionales) otra vez la ley que terminó en un referéndum, no. Y está bien. Y si es verdad que existía el proyecto anunciado, que lo exhiban.
 
La hostilidad permanente y la ceguera tendenciosa ha triunfado una vez más. El Estado es culpable de todo, y punto. ¿Y ahora qué hacemos? No lo sé. Creo que si seguimos por este camino, y Steven Spielberg se entera, somos firmes candidatos a convertirnos en el retablo de la póxima versión de parque jurásico.
     

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