Algunos preguntan últimamente qué hay de malo en el programa de vivienda de Izquierda Unida. Sería largo de explicar con detalle, así que espero me sean disculpadas algunas simplificaciones.
El precio de la vivienda depende, como todo, de la oferta y la demanda. Los costes de construcción de un edificio son los propios de cualquier industria. Lo realmente particular en el precio de la vivienda es el precio (en realidad una renta) del suelo.
En el lado de la demanda tenemos como factores explicativos del aumento de los precios la fuerte inmigración de los últimos años (casi dos millones de personas); las cohortes del baby boom de principios de los 70 que buscan ahora una vivienda en propiedad; los bajos tipos de interés y el estancamiento de la bolsa, que hacen relativamente más rentable la inversión en vivienda; el propio incremento del precio de ésta, que alimenta ulteriores subidas debido a las expectativas de cuantiosas ganancias (un efecto “burbuja” en toda regla: el mismo jabón repartido en una superficie cada vez más amplia); y el propio crecimiento económico y aumento del empleo, que permite a muchos españoles ahorrar y plantearse la adquisición de una vivienda.
Por el lado de la oferta tenemos el problema de la restricción de la cantidad de suelo urbano que se ofrece. Ello se debe a las dificultades de financiación de los Ayuntamientos y, yo creo que especialmente, a la corrupción. Dale una cachiporra a un político y no esperes que no la use. Los Ayuntamientos son los que definen un suelo como urbanizable, y ello mediante un acto político: pueden declarar, o no, un suelo como de uso urbano; y pueden, o no, recalificar. Lo lógico sería que en todo suelo se pudiera construir, previo permiso administrativo, salvo disposición expresa en sentido contrario. Eso fue lo que intentó el Gobierno del PP con una Ley que los Tribunales echaron abajo. Para hacernos una idea la situación es similar a la que existe con las televisiones privadas: los canales son una “concesión” del Estado, y por tanto dependen del político que esté al control de los mandos en ese momento. Si no se extrañan en el fondo de la tendenciosidad televisiva no deberían extrañarse del precio del suelo urbano. Ambos son consecuencia del mismo mal.
Izquierda Unida hace accesible su programa en su web, en la sección dedicada a las elecciones 2003). El título IV del mismo es “Nueve Propuestas De Izquierda Unida Para Un Pacto De Estado, Político Y Social, Sobre La Vivienda”. La primera empieza diciendo “Reforma sistemática de las Leyes del Suelo de las Comunidades Autónomas (…)” y plantea expresamente justo lo contrario de lo que intentó hacer el Gobierno del PP, es decir, someter a controles políticos férreos la oferta de suelo urbanizable y a condiciones y restricciones el derecho de propiedad sobre el mismo, de manera que se “supriman el carácter residual del Suelo No Urbanizable, devuelvan a las administraciones la iniciativa de la incorporación de suelos al desarrollo urbano, devuelvan al Planeamiento Urbanístico su capacidad para programarse en el tiempo, modifiquen la estructura de las cesiones de suelo y aprovechamientos, restablezcan la prerrogativa del Planeamiento para fijar la tipología y régimen legal de las viviendas en zonas residenciales”.
Un ejemplo de las restricciones al derecho de propiedad sería el punto quinto, que reza así: “Establecimiento de un severo control del gasto público en materia de vivienda protegida, tanto pública como privada, garantizándose los cupos de viviendas protegidas en toda actuación urbanística”.
El punto cuarto no es menos aterrador para cualquiera con unos mínimos conocimientos de Economía, pues empieza proponiendo un “Incremento sustancial y modificación de la estructura del gasto público en vivienda” y más en concreto duplicar dicho gasto (“haciéndolo pasar del 1% al 2% del Producto Interior Bruto”).
El punto segundo se dedica a la “Reforma de la financiación de las Corporaciones Locales”, y no aclara nada, aunque es la coartada para subir los impuestos o crear otros nuevos que financien el aumento del gasto.
Con eso es suficiente para intuir el desastre. Si la oferta es rígida, cualquier aumento de la demanda eleva el precio; si la oferta es totalmente rígida sólo aumentaría el precio. Esa sería la principal consecuencia de las “propuestas” de IU, respaldadas por lo que sabemos por el PSOE: una fuerte restricción a la oferta de suelo urbanizable y un estímulo de la demanda por vía Estatal, sufragada con impuestos.
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