En el capítulo 27, "De los delitos, excusas y atenuantes", de su obra Leviatán comenta Hobbes los crímenes de "lesa majestad", aquellos en los que
la hostilidad contra la organización del Estado da lugar a delitos más graves que los que se cometen contra individuos, pues el daño se extiende a todos. Delitos de este tipo son los actos de traición contra los propios ejércitos, o revelar secretos de Estado al enemigo; también, los atentados contra el representante del Estado, ya se trate de un monarca o una asamblea, y todos los intentos, de palabra o de obra, que estén dirigidos a disminuir la autoridad del soberano (...) consistentes en hacer planes o realizar actos contrarios a una ley fundamental.
Santiago Abascal, el líder de Vox, ha planteado la ilegalización de los partidos "separatistas", lo que no cabe en un Estado de Derecho, ya que plantear la independencia de un territorio es un fin legítimo (por muy estúpido y delirante que nos pueda parecer para el caso catalán). Y una democracia liberal tiene la manga muy ancha a la hora de tolerar ideologías extremistas, como ha mostrado el Tribunal Constitucional alemán, que no ha ilegalizado un partido neonazi porque, ha decretado, su ideario político es "incompatible con los principios de la democracia" pero no hay indicios de que pueda llevar adelante sus propósitos antisistema. O la misma España, donde partidos abiertamente separatistas y que cuentan con exterroristas en sus filas se presentan a las elecciones sin problemas.
Otra cosa, y por ahí va más bien la propuesta de Abascal, son los medios que se emplean para conseguir dicho fin. HB fue ilegalizada no por ser separatista sino por ser el brazo político de la organización terrorista ETA. Análogamente, cabe plantear la ilegalización de entidades que, como la CUP, el PDeCAT, ERC, ANC y Òmniun Cultural, han promovido, dirigido y organizado un golpe de Estado (emplear un eufemismo como "golpe a la democracia" no es sino una banalización del atentado contra el sistema democrático).
El problema no viene tanto de la cuestión filosófica, que es hobbesianamente trivial, como de los problemas prácticos para implementar dicha ilegalización. Por un lado, el miedo ("prudencia", dirán sus defensores) a la reacción que podría haber por parte de las multitudes que apoyan a dichos partidos. Pero tras el revuelo inicial no habría ningún problema para que se fundaran nuevos partidos que recogieran el sentir más o menos independentista de dichos ciudadanos. Sólo que con el compromiso explícito e irrenunciable de acatar y obedecer las leyes vigentes, amén de proponer su cambio exclusivamente por los procedimientos legales establecidos, sin triquiñuelas al estilo de la fórmula torticera "por imperativo legal". También habría que exigir respeto a las leyes con las que no se esté de acuerdo y rechazo a cualquier tipo de violencia explícita o implícita para destruirlas.
Recordemos en ese sentido que también se nos advirtió de que la ilegalización de HB, o la tolerancia cero con la kale borroka, llevaría a una situación de guerra civil en el País Vasco, y sin embargo la firmeza en la defensa del Estado de Derecho y el ataque a los violentos llevó a la derrota, rendición y, en el camino final estamos, destrucción de ETA.
Del mismo modo que en su momento famosos líderes de opinión, como Gemma Nierga tras el asesinato de Ernest Lluch, pretendieron que el Estado de Derecho dialogase con terroristas, hoy son otras estrellas mediáticas, como Susana Griso o Julia Otero, las que tratan de crear un ambiente a favor de que no se aplique la ley a los golpistas. Por eso resulta más peliagudo de contrarrestar la empatía que encontramos con la causa golpista entre la izquierda española, remisa siquiera a meter en la prisión a los golpistas catalanistas, como si hubiera una diferencia sustancial entre los mostachos de Antonio Tejero y Joan Tardà. Si Tejero y los golpistas de derecha usaron un violencia puntual y aguda, Tardà y los golpistas nacionalistas llevan años años instrumentalizando en Cataluña una violencia extensa y profunda en todos los órdenes sociales, intimidando, acosando, silenciando, chantajeando y expulsando a quienes no se someten a su supremacismo étnico y lingüístico.
En Alemania, donde sí tienen la lección aprendida desde que la República de Weimar se dejó derrotar por partidos políticos nazis y comunistas, que la consumieron desde dentro, se pueden prohibir partidos que atenten con una actitud agresiva y beligerante contra el orden constitucional, que amenacen con destruir el orden liberal-democrático o la misma existencia de la República constitucional. En base a estos criterios en defensa propia del país y del Estado, se han prohibido dos partidos, uno nazi y otro comunista.
Describía Juan Marsé en Últimas tardes con Teresa a los señoritos catalanistas que despreciaban a charnegos como él
Con el tiempo unos quedarían como farsantes y otros como víctimas, la mayoría como imbéciles o como niños, alguno como sensato, generoso y hasta premiado con futuro político, y todos como lo que eran: señoritos de mierda.
He recordado dicha descripción cuando Gerard Piqué ha despreciado a los seguidores del Espanyol de Barcelona por ser unos "desarraigados", término políticamente correcto de los "señoritos de mierda" con ocho apellidos catalanes para designar a los charnegos, catalanes con origen en otras regiones de España. Esta violencia lingüística lleva años en Cataluña minando la convivencia y cimentando un estado latente de guerra civil, no por incruento (salvo por los atentados terroristas de Terra Lliure, la banda nacionalista de extrema izquierda) menos fascistoide y criminal.
También escribía Hobbes en el Leviatán:
La disolución de los Estados depende de su institución imperfecta. Aunque nada de lo que los hombres hacen puede ser inmortal, si tienen el uso de razón de que presumen, sus Estados pueden ser asegurados, en definitiva, contra el peligro de perecer por enfermedades internas.
España tiene una mala salud de hierro y ha llegado a ser la nación más antigua de Europa no por haberse librado de padecer enfermedades internas sino todo lo contrario. Ninguna ha tenido más guerras civiles y conflictos violentos precisamente por no haber sabido configurar un Estado firme, sólido y bien anclado en principios liberales. Entre los que no está la indisoluble unidad de la nación, concepto discutido y discutible, pero sí que el límite de la tolerancia está en ser riguroso e implacable con los intolerantes que pretenden su disolución mediante la violencia y el incumplimiento de la ley. La enfermedad interna hoy en día en España es el nacionalismo golpista. Pero tan peligrosa como la enfermedad puede ser que el tratamiento se limite a la aplicación de remedios homeopáticos como el diálogo con los terroristas, antes, y los golpistas, ahora. La medicina que sí hará remitir la enfermedad golpista solo puede ser la aplicación de la fuerza en el Estado de Derecho. Porque la fuerza sin Estado de Derecho está ciega. Pero el Estado de Derecho sin la fuerza está vacío.