Incluso más allá de cuál sea el curso que siga el proceso que se intenta contra el ex presidente Pinochet -y sin perjuicio de la profunda gravedad de los reparos constitucionales y legales que a ese respecto se han planteado una y otra vez por múltiples instancias civiles y militares-, es indispensable y cada día más urgente que gobiernistas y opositores, por igual, se aboquen a solucionar el problema de la división política que hoy sufre Chile. La situación que hoy está viviendo el país en relación con los hechos de 1973, sus causas y consecuencias, no sólo tensan la vida política: sería ciego ignorar que esa tensión está afectando también al desarrollo económico nacional. Es evidente que la crisis de ese año fue esencialmente política, en sus orígenes, su desenvolvimiento y sus consecuencias. Una de sus derivaciones es esa profunda división que aún hoy separa a Chile en dos bandos, y que no puede sino superarse por vías políticas. Pretender resolverla por vías judiciales sólo puede agravar cada vez más la situación, como efectivamente está ocurriendo.
Es obvio y nadie desconoce que ni el general Pinochet ni ningún otro chileno está por encima del principio de igualdad: la ley y los fallos judiciales deben aplicarse a todos por igual. Pero, precisamente, esa igualdad es la que no se le está reconociendo al ex presidente y a otros muchos oficiales en servicio activo y en retiro. Porque es evidente que la ley de amnistía de 1978, por ejemplo, se aplicó de una manera en los casos de más de mil personas que combatieron al gobierno militar, y se está aplicando de otra completamente distinta respecto de quienes lo apoyaron. La plenitud de lo favorable, respecto de los primeros; todo lo desfavorable, respecto de los segundos. Similar situación se da respecto de la prescripción, la cosa juzgada y otras normas básicas. El debate judicial a este respecto puede ser infinito, lo que confirma la necesidad de una solución política, en aras de la pacificación del país.
Es deber esencial de todo gobierno actuar para preservar la unidad nacional y la paz social. Quien gobierna no puede eludir esa responsabilidad y limitarse a ser espectador pasivo de lo que resuelvan los tribunales, que no existen para resolver problemas políticos. En ningún país del mundo, una transición exitosa la han hecho los jueces, porque eso está fuera de sus posibilidades en cuanto tales. Después de una convulsión como la Guerra Civil española y sus consecuencias, la transición se hizo por un gran acuerdo político, entre todas las fuerzas que no querían más enfrentamiento, sino democracia, normalidad y desarrollo. Si, después de 1975, España hubiera optado por los tribunales para resolver sus problemas de 1936, con certeza seguiría todavía hoy desgarrándose en una pugna incontrolable.
Esa es una tarea muy difícil, pero no imposible, y que es indispensable y apremiante intentar. El gobierno, y especialmente el presidente Lagos, tienen hoy la clara posibilidad y el deber de convocar y liderar a todas las fuerzas políticas para conseguir el objetivo nacional de reencuentro entre los chilenos. No hay motivo para subestimar por anticipado la capacidad y la voluntad de paz nacional de las fuerzas políticas. No hay motivo para que el gobierno ni ningún sector admitan el fracaso antes de esforzarse por el éxito. No se puede omitir el máximo esfuerzo político de pacificación nacional, que no tiene más alternativa que el odio. La inmensa mayoría de los chilenos, por el contrario, quiere retomar el ritmo de crecimiento y desarrollo que se ha perdido. Quiere paz y prosperidad.
Esta crisis ha ido ya muy lejos, y se encona día a día, pero aún no es irreversible.
© AIPE
Sergio Fernández es senador chileno.
En Internacional
0
comentarios
Servicios
- Radarbot
- Libro