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Soraya Callejo

No ha hecho más que empezar

La posición asumida por el ministro Bermejo, provocando deliberada y directamente con declaraciones imprudentes y demagogas a toda la carrera judicial, formará parte de la antología del disparate político.

O eso espero, la verdad. Ya puestos, hay que arreglar esto de la justicia con celeridad y tino.

Algunos medios de comunicación coinciden en señalar que los jueces están divididos en el tema de cómo afrontar sus reivindicaciones: si paros o huelga. Y ponen el énfasis precisamente en ese dato, intentando dar una imagen de división en el seno de la Judicatura. Bueno, si acaso los matices hay que ponerlos entre jueces y asociaciones, o sea, una vez más, entre jueces y políticos. Sin embargo, desde mi punto de vista, lo más importante no es eso. Los jueces están de acuerdo en lo esencial: algo hay que hacer, basta ya de callar y trabajar, poniendo la otra mejilla.

Los males que aquejan a la justicia en España no son de ahora, quizás lo único que se le pueda reprochar a jueces y secretarios es no haber estallado antes. Ahora se les acusa falazmente de corporativistas y oportunistas por pedir, en el último punto de la lista, una revisión en sus retribuciones. Pero eso no es lo prioritario para los miembros de la carrera judicial, ni lo ha sido nunca; sin embargo, es normal que en la situación de catarsis que viven, ahora sí, lo pidan todo, incluyendo el tema salarial. Lo malo de esto último es que será utilizado por algunos para poner en titulares, de forma maliciosa y manipuladora: como si esto fuera la clave del asunto cuando... ¡nada más lejos de la realidad! Pero, claro, siempre es más rentable presentar a sus señorías como los villanos de la película.

Cualquiera que tenga conocimiento más o menos profundo del mundo jurídico en general y judicial en particular sabe de lo que, en realidad, estamos hablando. Caos y expedientes acumulados en el suelo con cucarachas incluidas; funcionarios interinos sin ninguna formación jurídica (a veces, simplemente, sin ninguna formación); registros "vendidos" ante la opinión pública como la panacea y creados a golpe de noticia, que no funcionan ni pueden funcionar porque no se encuentran interconectados; ascensos forzosos que dejan al juzgado sin titular cada dos por tres, con lo que esto tiene de provisionalidad y de pernicioso a la hora de afrontar una organización mínimamente seria; nuevos edificios judiciales (algunos bonitos, eso sí) pero sin instalaciones adecuadas, sin armarios ni para las togas (no digamos para los expedientes); volumen de asuntos imposible de asimilar porque se necesita el doble de jueces para resolverlos; sistema de módulos que no mide la profesionalidad de los jueces por la calidad de las sentencia, sino por el número de ellas que se dictan cada mes y que obliga al juez a intentar ser simplemente productivo; ordenadores con sistemas operativos desfasados, etcétera, etcétera y etcétera.

¿Qué me dicen de los últimos juzgados de lo mercantil creados sin los medios necesarios para funcionar adecuadamente? ¿Y de los funcionarios que tienen que coger un taxi cada día porque, creados esos juzgados, al "cerebro" de turno se le ha olvidado poner el registro para la recepción de los escritos? Un ejemplo: en Madrid, funcionarios de estos recién creados juzgados mercantiles tienen que ir cada día a Capitán Haya a recoger los escritos presentados. En fin, la lista podría ser interminable.

Lo más curioso de todo es que en semejante tesitura casi nadie reacciona. A la huelga de jueces debería sumarse la de la ciudadanía entera porque que exista una justicia de calidad, que nuestros jueces puedan hacer su trabajo en condiciones dignas y adecuadas y, además, que estén bien compensados económicamente por ello, no beneficia más que a los ciudadanos, pues todos somos justiciables en un momento dado. Cuando nos toca resolver nuestro conflicto exigimos calidad, rigor, premura, justicia en definitiva. Lejos de eso, parece que el mundo estuviera anestesiado, mirando para otro lado y leyendo "su" periódico para decidir cuál es la opinión que hay que postular en este asunto. Ay, ¿dónde habrá quedado la información y no la deformación de la información?

¿Por qué hasta ahora los sucesivos gobernantes no han querido que la justicia funcionara? Al menos, los Presupuestos Generales del Estado nunca han reflejado gran interés. Partiendo de que la actual hecatombe que se vive en el mundo de la justicia no es producto exclusivo de la última legislatura, podría decirse que sí hay un antes y un después de ésta. La posición asumida por el ministro responsable del ramo, provocando deliberada y directamente con declaraciones imprudentes y demagogas a toda la carrera judicial, formará parte de la antología del disparate político. En un ejercicio de honestidad (que ha brillado por su ausencia), lo más normal es que planteado el drama que supuso a la postre el desencadenamiento del actual conflicto, el Ministerio se hubiera puesto a trabajar con discreción, sabedor, con toda seguridad, de que la tragedia (caso de Sevilla) empezó a gestarse mucho antes y no sólo en el juzgado de Tirado. Nada de eso, se ha limitado a arrojar a los jueces al ruedo de la opinión pública, haciéndoles aparecer como los únicos culpables del desaguisado. Se puede pedir más a un ministro, ¿no?

Soraya Callejo es abogada y directora de Economist & Jurist

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