Era a todas luces ilógico. Parecía kafkiano enviar a un inmigrante ilegal, con una oferta de trabajo en España, a que obtuviera el permiso a los consulados españoles en Ecuador. No se encontraba razón alguna para que iniciaran allí unos trámites que se pueden realizar aquí. Dándole vueltas al aquí y allí, el mareo mental nos llevó a pensar que alguna explicación habría, aunque ni la encontrábamos, ni nos la daban.
El Gobierno, enfrascado en la defensa de su ley frente a los embates socialistas, y agobiado por la falta de soluciones ante problemas muy sensibles para la opinión pública, encontró en esta medida, auspiciada por Fernández Miranda, la prueba de que estaba operativo. Había que hacer algo y lo hizo: un acuerdo con Ecuador que comenzaba con la caravana de los papeles. Esos aviones, con sus barrigas llenas de ilusiones, eran la muestra de que por fin algo se estaba moviendo. Incluso las terribles imágenes de largas colas ante las Delegaciones para apuntarse al “puente aéreo de los papeles” invadían los telediarios desplazando las acusaciones de ineficacia. Comenzaba la regularización, la acción del Gobierno.
Ya se dijo lo que hoy ha reiterado el vicepresidente Rajoy. Había que desarrollar un reglamento que adecuara la ley a la realidad. Se contemplarían el arraigo y las razones humanitarias. ¿Por qué las prisas?
Y regresaron, sonrientes, los que se fueron. Con sus visados bajo el brazo. El sueño hecho realidad.
Pero quedan muchos más. Son 24.000. Y 2.500 millones son muchos millones para sellar un papelito. Y aunque seguimos sin recibir la explicación, tenemos la confirmación de que fue un absurdo. Rajoy ha puesto un poco de cordura a tanta precipitación. Pero no por ello deja de ser una nueva rectificación del Ejecutivo. Del Gobierno de Aznar. Da igual de quién fue la idea...
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