¿Se acuerdan del juez Bueren? Fue el magistrado de Audiencia que instruyó el caso Lasa-Zabala, hasta poco antes de que se conocieran las implicaciones de Galindo y Vera. En ese preciso y significativo momento dejó la Audiencia y se fue como abogado a un prestigioso bufete, para pasajera extrañeza de muchos hasta que ataron cabos. Sospechosa retirada. El episodio es contado por Pedro J. Ramírez en su último libro, “Amarga Victoria”.
Pues bien, vuelve a cernirse, cuando menos, una nueva sombra de sospecha sobre el ahora abogado.
Su interés demostrado por uno de los detenidos por enviar cartas bomba a periodistas, hijo de un directivo de una empresa para la que trabaja su bufete, y que posteriormente ha sido puesto en libertad, se salta a la torera las normas deontológicas de la abogacía. Ni la pólvora encontrada, las conexiones demostradas del joven con ETA y el GRAPO, ni la petición del fiscal de que le encarcelaran, ha sido suficiente para que el juez del Olmo, encargado del caso, le mandara a prisión. Está en libertad bajo fianza tras la llamada de Bueren a la policía que investigaba. El propio Del Olmo asegura en su auto que “los hechos que se investigan revisten caracteres de delito y hay indicios racionales” contra el supuesto terrorista, porque así hay que calificarlo, por muy de familia bien que sea. Pero está en libertad.
Bueren no ha respetado la norma de abstenerse de intervenir en cualquier asunto en el que se pueda tener interés personal y, además, lo ha hecho de forma que parece que prevarica por sus contactos con poderes a los que tuvo acceso. Dice una nota de su bufete que cuando conoció que se trataba de un asunto de terrorismo se abstuvo de hacer cualquier gestión o mediación. ¡Sólo hubiera faltado!
Debería abrirse una investigación. O el colegio de Abogados, o la fiscalía de la Audiencia o, aunque hay quien ha perdido toda esperanza, el Consejo General del Poder Judicial.
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