Una de las noticias de portada en la edición del 14 de enero del San Francisco Chronicle fue que decenas de miles de negros habían abandonado la bahía de San Francisco desde el censo de 1990. Dado que hace unos años analicé esta situación en mi libro Economía aplicada, me resultó agradable ver que la información había llegado por fin al San Francisco Chronicle, que aún tiene por delante la tarea de explicar las razones políticas y económicas del éxodo.
Lamentablemente, este fenómeno no es exclusivo de la bahía de San Francisco y los negros no son el único colectivo que se está viendo obligado a abandonar las comunidades progres acomodadas de California. Sucede prácticamente lo mismo en Monterrey y Los Angeles, por ejemplo. Los que está obligando a mudarse a familias con hijos, así como negros y otras personas de ingresos bajos o incluso medios, es que se han disparado los precios de la vivienda.
Pero esa subida no ha ocurrido de repente y porque sí. Antes de 1970, los precios de la vivienda en California eran muy parecidos a los del resto del país. Pero últimamente ha dejado de ser una rareza que las casas cuesten en este estado tres veces más que en otras zonas de Estados Unidos. Lo que pasó en los años 70 fue que se hicieron habituales en la costa de California drásticas restricciones gubernamentales a las nuevas construcciones. Al estar limitada la oferta pero no la demanda, era inevitable que los precios se disparasen muy por encima de la capacidad económica de mucha gente.
La principal fuerza detrás de estas restricciones son los fanáticos del medio ambiente, que exigen que enormes extensiones de terreno se declaren "espacios abiertos" en los que no se puede construir nada. No es raro que en proporciones sustanciales del territorio de todo un condado –en ocasiones más de la mitad– se impida construir. Con frecuencia, cuando hablan, los ecologistas dan la impresión de estar intentando salvar los últimos islotes de verdor de ser pavimentados, cuando en realidad el 90% del terreno en Estados Unidos es virgen y sólo los bosques ocupan más espacio que todas las ciudades y pueblos del país juntos.
Detrás de tanto hermoso discurso pronunciado desde la superioridad moral se encuentran algunas realidades mucho más feas y egoístas. La gente que ya tiene una casa en un barrio acomodado no paga ningún precio por poner obstáculos a quienes quieren mudarse a su vecindario. De hecho, el valor de las casas de las que ya son propietarios se dispara cuando impiden la construcción de nuevas viviendas. En otras palabras, pueden alejar de su hogar a las personas con menos dinero –o, como dicen ellos, "preservar el carácter de la comunidad"– al tiempo que se benefician económicamente. Y todo en nombre del idealismo ecologista.
Además, las leyes de "espacios abiertos" son sólo una de las armas de su arsenal. Otros obstáculos legales a las nuevas viviendas incluyen las políticas denominadas de "crecimiento inteligente", las leyes de protección histórica y las juntas urbanas y comisiones costeras que poseen poderes arbitrarios para limitar o prohibir la construcción.
La capacidad de imponer retrasos financieramente ruinosos que estas y otras leyes e instituciones tienen contra cualquiera que desee construir lo que sea han quedado plasmados recientemente en un caso legal en el que está implicado un promotor al que durante 15 años se le ha impedido construir en la ciudad de Half Moon Bay, en la costa de California. Un juez le concedió recientemente 36 millones de dólares en daños, pero ese veredicto ha sido apelado. Cualquiera que esté familiarizado con el Tribunal de Apelaciones del distrito noveno sabe que allí puede suceder cualquier cosa, incluyendo sumar unos años más de retraso. Alguien dijo una vez que la capacidad de imponer un impuesto es la capacidad de destruir. También lo es la capacidad de imponer una demora.
Cuando una empresa fija patrones o políticas que tienen efectos adversos que afectan desproporcionadamente a las minorías, los tribunales lo califican de "impacto dispar" y lo equiparan a la discriminación. Pero los mismos progres que aplauden ese enfoque en lo que respecta a las empresas se sentirían horrorizados si se aplicara el mismo principio a las restricciones medioambientales que apoyan y que obligan a un número desproporcionado de negros a abandonar sus exclusivas comunidades progres. Los "líderes" negros que se prestan a gritar "discriminación" y "racismo" en otros contextos tampoco hacen nada. Aparentemente todo depende de la plaza en la que se torea.