Rusia no es sólo el país más grande del mundo, sino también el más corrupto. Así lo asegura el último informe de la consultora PricewaterhouseCoopers. Y, por supuesto, no se trata sólo de la corrupción en la cúpula del poder, como es el caso del antiguo intendente del Kremlin, Pável Borodín, perseguido, hoy en día, por la fiscalía suiza. El tema tampoco se cierra con la condena de dos ex-gobernadores, procesados recientemente en el marco de la campaña anticorrupción que lleva a cabo el presidente Putin.
No. La corrupción en Rusia es un fenómeno con raíces muy profundas. Sigue prosperando en la sociedad rusa a pesar de todas las promesas de acabar con ella. Nació en la época comunista, en la sociedad totalitaria y burocrática, donde cualquier funcionario del Estado era un dios todopoderoso para el resto de los ciudadanos. Las prohibiciones que imponía el régimen eran un buen caldo de cultivo para la corrupción. Lo que estaba prohibido oficialmente se podía conseguir pagando.
La caída del comunismo no acabó con esta plaga: todo al contrario. Por una parte, los corruptos ya no se sentían vigilados por el partido comunista, ni por los servicios secretos, debilitados por las reformas. Además muchos de los impedimentos no fueron eliminados. Mientras tanto, las riquezas nacionales siguieron en manos del Estado o, mejor dicho, de los funcionarios. Y ellos no tardaron en aprovecharse de esta situación, especialmente de las privatizaciones de los años 90.
La verdad, lo que ha sido “privatizado” por los elementos corruptos en Rusia es el mismo Estado. Un ruso normal, para vivir sin problemas, tiene que sobornar a los profesores del colegio público donde estudian sus hijos para que salgan adelante, a los agentes de tráfico si tiene coche, al médico de la seguridad social, a su propio jefe si trabaja en una empresa del Estado, y a los funcionarios del ayuntamiento a la hora de pedir algún certificado.
Esta lista es mucho más completa en caso de empresarios. Tienen que pagar a los aduaneros si no quieren que sus mercancías se pudran en la frontera. Deben satisfacer los apetitos de la inspección sanitaria o de los bomberos para que su negocio no sea cerrado por “violar” las normas de higiene y de seguridad. Cualquier licencia, además de su precio oficial, tiene también otro que va al bolsillo del funcionario encargado del asunto. Y eso no es todo, tienen que compartir sus beneficios con la policía para que les proteja a ellos y a sus negocios.
Y si el empresario tiene un litigio con algún socio sin escrúpulos y quiere resolverlo ante un tribunal de arbitraje, debe también preparar el billetero. El juez solucionará el asunto a su favor sólo si le garantizan el 20% de lo que se pretende recuperar en el juicio. No hay otra salida. Así, las empresas privadas rusas, según las estadísticas, dedican a sobornos entre el 5 y el 10 por ciento de sus ganancias anuales.
En cuanto a la policía, tanto municipal como nacional, no se limita a prestar servicios pagados de protección. Su otro gran “negocio” es la prostitución. En Rusia, donde el mundo del crimen está sometido a un “código moral” muy estricto, que prohibe, entre otras cosas, tocar el dinero de las prostitutas, el oficio más antiguo del mundo está “controlado” exclusivamente por la policía. El 20 por ciento del “negocio” va a los bolsillos de los uniformados.
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