De sobra se sabe que Rusia es el país más corrupto del mundo. Se sabe asimismo que el presidente Putin se declara luchador abnegado contra este mal y está dispuesto a meter en la cárcel a la mitad de sus súbditos. También se sabe que el pescado se pudre por la cabeza, especialmente, en Rusia.
Por algo no se le ocurre al belicoso mandatario controlar a su propia Intendencia. Ni se pregunta para qué se necesita concentrar tantos hoteles, oficinas y aviones –de propiedad pública– en las manos de los intendentes kremlinianos, cuya principal preocupación, en teoría, debe ser el buen funcionamiento de los inodoros de la Presidencia.
Según algunos observadores, la Intendencia es una fuente de riqueza para los inquilinos del Kremlin. Porque es una gran empresa, quizá la más eficaz y rentable del país, especialmente porque se alimenta del Estado sin límites de fondos. Así, el presidente no necesita recurrir a otras instituciones para financiar sus campañas electorales y todo tipo de “operaciones especiales”. Es también una fuente para remunerar a sus seguidores más fieles, por supuesto, insatisfechos con sus míseros salarios oficiales.
En estas circunstancias, no cabe duda de que las bañeras supercaras no son un invento de algún funcionario corrupto para hacerse rico. Es más bien un truco oficial para sacar dinero del presupuesto del Estado y repartirlo entre los del Kremlin.
No es de extrañar que el anterior intendente, Pavel Borodin, perseguido por la fiscalía suiza por el blanqueo de dinero procedente de comisiones ilegales, esté bajo protección oficial rusa. El mismo Borodin siempre ha negado que las comisiones por las faraónicas reformas del Kremlin fueran sólo para él. Y tiene toda la razón. En la lista estaba el mismo Yeltsin y sus hijas, sin contar a otros altos funcionarios.
¿Quién estará en la lista de las bañeras?
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