El Consejo Económico y Social (CES) de Canarias alerta sobre el fuerte incremento de la presión fiscal en la región. El ciego que se niega a ver (el peor de todos, según el dictamen bíblico), de pronto, abre los ojos y se los frota escandalizado. ¿Milagro o fariseísmo oportunista? De pronto, recae en que la carga de impuestos ha aumentado un 3,3 por ciento desde 1995, frente a un 1,4 por ciento en el conjunto de España, y un 1,2, en la Unión Europea (UE). El arma de esta inquina recaudatoria son los impuestos indirectos, es decir, aquellos que, según el Régimen Económico Fiscal (REF), regula y gestiona el Gobierno autónomo. Nadie diría, leyendo su "Informe anual 2002-2003", recién publicado, que es el mismo CES que en diciembre pasado recomendó al Gobierno aplicar una "tasa verde" a las grandes superficies.
La corresponsabilidad no ha funcionado como mecanismo de moderación fiscal, al menos en este Archipiélago. Los contribuyentes han perdido libertad y riqueza, a medida que el Estado ha ido poniendo autonomía recaudatoria en manos de gobiernos intervencionistas. No puede decirse que las elecciones del pasado 25-M hayan significado una reprobación de esta política. Es cierto, la extrema izquierda de Coalición Canaria (CC) fue prácticamente erradicada de las circunscripciones donde concurrieron sus candidatos más insignes, entre ellos el ex presidente Román Rodríguez. No menos cierto es que el Partido Popular (PP), con un programa de choque liberal para una región acogotada tras dos décadas de alcaldes, cabildos y gobiernos paternalistas, ha ganado con claridad en la isla más urbana, Gran Canaria, motor de la economía y de la innovación del Archipiélago. Sin embargo, la política económica y presupuestaria vuelve a estar bajo la dirección de los nacionalistas y el Gobierno lo preside ahora quien, durante el pasado mandato, fue el máximo responsable del incremento de la presión fiscal y de iniciativas como la introducción de un arancel contra las manufacturas importadas.
El CES, presidido por el veterano sindicalista de CC OO José Luis Rivero, ha dispuesto de suficiente tiempo como para advertir a los gobernantes sobre el paulatino deterioro de la libertad individual en la región. No sólo no lo ha hecho, sino que alienta en sus informes las medidas más abrasivas de la esfera privada. Durante la tramitación de la Ley de Segunda Licencia Comercial, recomendó al Gobierno endurecer las barreras de entrada. El nuevo consejero de Industria y Comercio, Luis Soria (PP), se ha declarado partidario de abrir de nuevo el mercado a las grandes cadenas. Como no puede desdecirse de sus propios disparates sobre política comercial, el CES se adapta rápidamente a los nuevos tiempos, con un informe en el que denuncia el incremento de la presión fiscal. Se ha vuelto liberal, aunque sigue siendo igual de incompetente. Su repentino cambio de registro responde al instinto de acomodarse a la mentalidad política emergente del 25-M, definida por la mayor influencia del PP y la caída en desgracia del programa de la izquierda representada por el PSOE y la facción extrema de CC (ojo: no así de las iniciativas de planificación vertical, que gozan de la mejor oportunidad con un presidente como Adán Martín y un consejero de Economía y Hacienda como José Carlos Mauricio). Ese afán de complacer al gobernante diciéndole lo que quiere escuchar es moneda corriente en quienes están obligados a dar la réplica a los políticos. Lo experimentan sin ruborizarse organizaciones empresariales y sindicatos, que aspiran a seguir disfrutando de privilegios y subvenciones. ¿Por qué no iba a obrarse también el milagro de la transfiguración en consultores íntegramente cebados con el presupuesto público, como el CES? ¡Viva la independencia de criterio!
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