Coalición Canaria apoyará la ultima Ley de Presupuestos de la etapa Aznar a cambio de un cheque extra de cien millones de euros. De éstos, cuarenta irán directamente a la caja del Gobierno autónomo para que los gaste como mejor le parezca.
El acuerdo, firmado el jueves por Mariano Rajoy y Paulino Rivero (presidente de la coalición insularista), está lejos de la factura de 180 millones que CC presentó al ministro de Hacienda al comienzo de la negociación (léase, al respecto, "El cheque del nacionalismo", en esta misma sección).
Cristóbal Montoro no tuvo lo que se dice entusiasmo al hablar de condiciones con un socio tan poco de fiar. El trato recibió un empujón decisivo del secretario del PP, a veinticuatro horas del Consejo de Ministros que aprobó el proyecto de Ley. Rajoy en persona rubricó el acuerdo, mientras que Montoro se limitó a describirlo con un tono aséptico, en una conferencia de prensa junto al presidente de CC. Quizá, al sensato catedrático de Hacienda Pública le pareció que cien millones más es un estipendio demasiado alto por servicios políticos de dudosa trascendencia y escasa lealtad.
¿Qué ofrecen los cuatro escaños de CC, por ese precio, a un PP que no los necesita? Hasta ahora, no pocas muestras de deserción oportunista en momentos clave. Su juego a la contra en la huelga general y tras el hundimiento del Prestige, o el recuerdo de sus dirigentes detrás de pancartas en las que se calificó a Aznar de "asesino" son agua pasada. En la sede de la calle Génova y en La Moncloa, lo que hace al caso es no llegar solos al final de la legislatura, ni empezar solos la próxima, por lo que pueda llegar a ser de la mayoría absoluta. Aunque criatura parásita, engendrada y alimentada por el PP, se acepta CC como animal de compañía.
El penúltimo sablazo de CC al PP contiene cinco puntos. Los nacionalistas del cheque apoyan los PGE-2004 del Gobierno, por una "módica" inflación, en cien millones, de las transferencias a la Administración autonómica.
Cuarenta millones serán directamente administrados por el Gobierno que preside el insularista Adán Martín. Es la cantidad que el Estado dejará de recaudar a Canarias de la liquidación compensatoria por la supresión del Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas (IGTE). Desde 1991, en que dejó de aplicarse esta figura en el archipiélago, los contribuyentes isleños liquidan a la Administración central un porcentaje de la recaudación de su fiscalidad indirecta específica y menos gravosa que la del resto del país. Actualmente, esta compensación al Estado ronda los 200 millones de euros al año. CC y PP acaban de pactar que, de aquí a 2007, la condonación llegará progresivamente al 50 por ciento de la compensación total.
Los 60 millones restantes del acuerdo-homenaje firmado por CC y PP son un aguinaldo sobre las inversiones ya previstas por los distintos ministerios en esta comunidad. Actualmente, las transferencias directas del Estado a Canarias se calculan en función de lo que la Administración autonómica aporta como compensación por la pérdida del IGTE. La Ley reguladora del Régimen Económico Fiscal singular del archipiélago obliga al Estado a devolver en inversiones al menos la mitad de lo que obtiene por este mecanismo compensatorio. Ahora que esa aportación disminuirá hasta quedar reducida a la mitad, ¿quién garantizará un umbral mínimo de inversión? En este punto radica lo más interesante del acuerdo. El PP se ha comprometido a que el nivel de transferencias directas a Canarias alcanzará en 2007 el promedio de las comunidades autónomas.
CC ya se ha encargado de pregonar a su parroquia que el acuerdo presupuestario con el PP demuestra las bondadosas funciones de un grupo canario en el Congreso. La asistencia política y el cheque del PP le llegan, una vez más, en el momento más oportuno: justo cuando las pasadas elecciones autonómicas y las encuestas sugieren el hundimiento del suelo mínimo de votos para renovar el grupo parlamentario.
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