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Que hable el pueblo español

En democracia no se puede consentir que una minoría imponga sus prejuicios a los demás. Una mayoría parlamentaria no legitima para hacer cualquier cosa, no legitima para desvirtuar la identidad de todo un pueblo. En Suiza así lo han entendido.

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El Sr. Rodríguez Zapatero suele aprovechar que el Pisuerga pasa por Valladolid para colar a los españoles todo su proyecto. Recuerden con qué desparpajo se lo decía a Suso de Toro:

Si hay algo que caracteriza a esta etapa de Gobierno es que hay un proyecto. Precisamente porque hay un proyecto, hay una resistencia tan inútil como activa de la derecha más dura, porque saben que hay un proyecto. Se han dado cuenta de que hay un proyecto de alcance en valores culturales, y por tanto ideológicos, que puede definir la identidad social, histórica, de la España moderna por mucho tiempo.

 Ejemplos recientes son las sentencias del Tribunal Supremo de 11 de febrero de 2009 sobre Educación para la Ciudadanía: aprovechando las sentencias sobre el caso planteado por unas pocas familias asturianas y otra andaluza, decidió que la resistencia razonada de 50.000 padres a dejar adoctrinar a sus hijos en la peculiar y particular ideología del Sr. Rodríguez Zapatero no tenía cabida. De momento, sólo en Castilla y León han desdicho al Supremo en casi doscientos casos. Y la cosa sigue abierta, porque para dirimir derechos fundamentales el Supremo no es la última instancia. Pero ya tenemos "la sentencia". 

Hace justamente un año, tuvimos ya un primer round de lo que algunos han mal llamado "la guerra de los crucifijos". La minoritaria Asociación Cultural Escuela Laica de Valladolid había ganado su pulso contra el parecer y el deseo de la mayoría de los padres del colegio público Matías Picabea, que habían expresado en votación democrática su deseo de mantener los crucifijos en las aulas. Fíjense que el mismo Tribunal Superior de Castilla y León había fallado ya en 2007 a favor del parecer mayoritario de los padres al decretar que eran los Consejos Escolares de cada centro los únicos competentes para decidir "el mantenimiento, retirada o colocación" de dichos símbolos religiosos en los colegios. Y los padres mayoritariamente habían votado por la permanencia. Pero a estos demócratas de la escuela laica no les gustan las decisiones democráticas que no les dan la razón, recurrieron de nuevo y encontraron un Tribunal que conculcó el deseo de la mayoría.

Ahora, aprovechando que el Tribunal de Estrasburgo ha dictado la sentencia Lautsi contra Italia, quiere aplicar aquí su doctrina. Una doctrina en primer lugar provisional, porque el Gobierno italiano la ha recurrido, y en segundo lugar, nunca mejor dicho eso de "contra Italia", porque así se la ha tomado el pueblo italiano y todos los partidos de su espectro político. En Italia también llueve sobre mojado. Recordemos que en marzo de 2006 habían tenido ya el mismo debate: una madre de origen finlandés reclamó que en el colegio estatal Vittorio da Feltre en Padua se retiraran los crucifijos de las aulas. En la región de Abruzzo se había pedido lo mismo en otro colegio, y un tribunal regional había suspendido la resolución de un magistrado que había ordenado la retirada de las cruces de la escuela infantil de Ofena. La más alta magistratura italiana –el Consejo de Estado– dictó una ejemplar sentencia, la número 556/2006, que señalaba que el crucifijo es un signo que no discrimina, sino que une; no ofende porque "es una síntesis, inmediatamente perceptible y aceptable, de los valores civilmente relevantes, valores sobre los que se sostiene e inspira nuestro orden constitucional, fundamento de nuestra convivencia civil (...). Valores que han impregnado nuestras tradiciones, el modo de vida, la cultura del pueblo italiano". El texto se preguntaba si existe otro símbolo en la cultura italiana que pueda representar mejor que el crucifijo el respeto a la persona, la afirmación de sus derechos, el cuidado de su libertad, la autonomía de la conciencia moral en la perspectiva de la aceptación de la autoridad, de la solidaridad humana.

La sentencia del alto tribunal italiano llevaba la cuestión al lugar que debe: no a la dimensión religiosa, sino a la cultural. La relevancia pública del cristianismo como generador de cultura en Europa a lo largo de los siglos, no pueden obviarse ni menospreciarse. Los valores sobre los que se construyen los cimientos de la sociedad civil europea, de las sociedades libres, tienen un origen cristiano, por más que se empeñen quienes quieren colocar sus raíces en la Ilustración y en la Revolución Francesa. Así lo ha vuelto a sentir el pueblo italiano y sus representantes políticos.

Sabemos, querido Suso, que la hoja de ruta no tiene vuelta atrás; simplemente, busca la excusa más oportuna. Lo de Estrasburgo ha venido al pelo, pero no olvidamos que el asunto ya estaba decidido por el informe titulado Laicidad, manifestaciones religiosas e instituciones públicas que emitió en 2007 la Fundación Alternativas: "la presencia de símbolos religiosos en centros públicos debe reputarse inconstitucional". Pues ya lo tenemos. Agradecidos quedan a Estrasburgo. Ni siquiera cargarán con algún coste electoral entre sus votantes católicos. Habló Estrasburgo. Punto redondo. Pues vayan tomando nota de lo próximo que avisaba el citado informe: "Es competencia del Estado tanto la regulación del contenido de la asistencia religiosa como el establecimiento de las modalidades de su aplicación en los centros públicos". Y todavía hay quien da vueltas a por qué y para qué querrá el PSOE plantear una reforma de la Ley de Libertad Religiosa... 

En democracia no se puede consentir que una minoría imponga sus prejuicios a los demás. Una mayoría parlamentaria no legitima para hacer cualquier cosa, no legitima para desvirtuar la identidad de todo un pueblo. En Suiza así lo han entendido. Se impone un referéndum. Que hable el pueblo español.

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