La controversia surgida en la elección presidencial americana ha renovado las peticiones de que se suprima el Colegio Electoral en la selección del presidente de Estados Unidos, según el Artículo II de la Constitución. A pesar de que el sistema nos ha servido bien durante más de 200 años, hoy algunos reclaman que el presidente sea elegido por votación popular y directa. Antes de proceder a hacerlo, consideremos la sabiduría de los redactores de la Constitución.
California, Ohio, Texas, Nueva York, Nueva Jersey, Florida, Illinois, Pensilvania y Michigan tienen una población combinada de 137 millones de personas. Eso es más de la mitad de la población total de Estados Unidos y, por lo tanto, es concebible que esos nueve estados puedan determinar quién sería el presidente, bajo votación popular. El Colegio Electoral le confiere a los estados pequeños una cierta protección contra el dominio de los grandes. Actualmente esos nueve estados, muy poblados, tienen un total de 243 votos en el Colegio Electoral, pero se necesitan 270 para elegir al presidente de la nación.
Comparemos a Wyoming con California. California tiene una población de más de 33 millones y la de Wyoming es de apenas 480.000. California, entonces, tiene 69 veces más gente que Wyoming. California tiene 54 votos en el Colegio Electoral, al tener 52 congresistas en la Cámara de Representantes, más sus dos senadores. Wyoming, por su parte, tiene tres votos. Es decir, en el Colegio Electoral, California sólo tiene 18 veces los votos de Wyoming. El Colegio Electoral obliga a los candidatos presidenciales a conseguir respaldo en los estados pequeños.
Los redactores de nuestra Constitución le temían a la tiranía de la mayoría y por ello tenemos un Colegio Electoral y es, también, la razón por la cual tanto California como Wyoming tienen dos senadores.
No hay nada inherentemente justo acerca del gobierno de la mayoría. De hecho, uno de los principales peligros del gobierno de la mayoría es que ella le confiere cierta aureola de legitimidad y respetabilidad a actos que de otra forma serían considerados como tiránicos. Pregúntese usted mismo cuáles de sus decisiones cotidianas usted preferiría que fuesen tomadas por mayoría de votos. Por ejemplo, dónde vivir, para quién trabajar, qué modelo de automóvil conducir, qué ropa vestir o con qué mujer casarse.
Usted me contestaría, “Williams, esas decisiones no le corresponden a nadie más que a mí. Es más, son decisiones que ni siquiera corresponden al ámbito político”. Tiene toda la razón. Y, además, estaríamos de acuerdo que sería tiránico que la mayoría decidiera con quién usted se va a casar.
Pero, ¿qué pasa si la decisión de esclavizar a cierto grupo de personas se toma por mayoría del voto popular? ¿Dejaría, por ello, de ser una decisión tiránica? En lugar de esclavizar, podemos sustituir fácilmente las palabras violar, asesinar, robar, torturar y llegamos a la misma conclusión. Tales ejemplos son extremos y poco probables en Estados Unidos, pero el principio es aplicable a interrogantes tales como ¿cuánto de mi salario debe depositarse en una cuenta para mi pensión o cuánto debe ser asignado a vivienda, alimentos, vestido y entretenimiento? Si un voto popular decide eso, sufrimos una tiranía, aunque menor.
Debemos recordar las sabias palabras de James Madison en El Federalista N° 10. No hay pronunciamiento más claro que éste para comprobar que nuestros próceres modelaron una república y no una democracia pura. Nuestra Constitución le fija límites no sólo al poder de las tres ramas del gobierno federal, sino también limita la voluntad arbitraria expresada a través de un voto mayoritario. Madison dijo: “Con demasiada frecuencia las medidas se deciden no según las reglas de justicia y los derechos de las minorías, sino por la fuerza superior de una mayoría interesada y altanera”.
© AIPE
Walter Williams es decano del departamento de economía de la Universidad George Mason de Virginia.
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