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La doctrina de la imparcialidad y la universidad

Un estudiante no tiene ninguna elección aparte de sentarse y escuchar cuando su profesor se pone a vomitar sobre los males inherentes al "imperialismo americano" y cómo nuestra nación es el responsable de muchas de las cosas que van mal en nuestro planeta

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En 1949, la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos adoptaba una política general que pretendía garantizar que toda la cobertura de temas controvertidos por parte de las emisoras de radio fuera equilibrada y justa. Esta política se basó en la teoría de que quienes poseían una licencia de emisión eran "depositarios" de una propiedad pública, el espectro, y que como tales tenían la obligación de dar la oportunidad de ser escuchados a quienes tuvieran puntos de vista divergentes. La llamada doctrina de la imparcialidad fue interpretada por muchos como la obligación de ceder el mismo tiempo en antena a opiniones contrapuestas cuando se estuvieran debatiendo temas controvertidos. La "doctrina" fue abandonada durante la administración Reagan, una época en que muchas actividades gubernamentales fueron desreguladas.

Durante el reciente debata sobre la propuesta de ley para reformar las políticas migratorias de la nación, especialmente las relativas a la inmigración ilegal, varios miembros demócratas del Senado de los Estados Unidos pidieron la reinstauración de la doctrina de la imparcialidad por sentirse frustrados porque el público no estuviera recibiendo un debate justo y equilibrado sobre la propuesta de ley en los programas de radio, que los demócratas del Senado califican de universalmente conservadores y a cuya supuesta influencia desmesurada sobre el debate culparon del fracaso en llevar adelante la legislación.

Personalmente me opongo a la doctrina de la imparcialidad por un amplio abanico de motivos, de los cuales no es el menos importante que la medida presuponga la ignorancia del público y nuestra incapacidad para discernir el grano de la paja. Pero, sobre todo, está el hecho de que las emisoras no son propiedad del gobierno y no deben ser consideradas como actividades gubernamentales. Existiendo tantas fuentes distintas de información –periódicos, cadenas de televisión, televisión por cable y radio, por decir algunas– es difícil para cualquiera de ellas manipular la información que recibimos. Pero sí existe un área de la vida cotidiana norteamericana en la que creo que tendría que aplicarse algo parecido a la doctrina de la imparcialidad: el aula universitaria.

A pesar del clamor por "la diversidad" en los campus universitarios, una de las facetas más homogéneas de la vida americana es el claustro universitario y los puntos de vista que imparte en las aulas con respecto a temas controvertidos como la "discriminación positiva". De hecho, los profesores universitarios tienen uno de los monopolios más protegidos de nuestra nación. Están protegidos por su puesto asegurado de por vida, la libertad de cátedra, y nuestro respeto a su derecho a impartir sus conocimientos sin intromisión de los administradores, del rector o de cualquiera responsable del gobierno del centro.

No estoy proponiendo reducir la libertad de la que disfrutan estos dictadores del aula. Sería un ejemplo de remedio peor que la enfermedad. Pero, al contrario de lo que sucede con quien se sienta en el sofá con un control remoto en la mano, un estudiante no tiene ninguna elección aparte de sentarse y escuchar cuando su profesor se pone a vomitar sobre los males inherentes al "imperialismo americano" y cómo nuestra nación es el responsable de muchas de las cosas que van mal en nuestro planeta, o de por qué se les está negando a las mujeres y las "minorías" la igualdad y la "justicia social". En pocas palabras, es un hecho generalmente reconocido que no existe diversidad intelectual entre los profesores universitarios.

Una cosa que aprendí de mis días como miembro de la junta de gobierno de la Universidad de California es que los problemas de naturaleza académica se solucionan mejor desde dentro que con medidas impuestas desde arriba, por muy aparatosa que sea la maquinaria de la universidad. Por tanto, no deberíamos esperar a que juntas de administración o rectores universitarios remedien este problema. La solución tiene que originarse en el interior del propio claustro.

Para que tenga lugar el cambio, los directores de departamento de las universidades de toda la nación deben ser instados a reconocer el perjuicio que a largo plazo tendrá, para ellos y para la fe que el pueblo americano debería tener en la educación superior, la continuada percepción pública de que el estamento académico es intelectualmente monolítico en cuanto a pensamiento y está completamente alejado del hombre de a pie. Cuando Ward Churchill se convierte en la cara del profesorado universitario, la educación superior americana pierde el respeto que tenía entre los contribuyentes.

Tras reconocer el problema, la dirección entre las filas del profesorado tiene que reclutar activamente a los colegas que puedan ofrecer posturas alternativas a las posiciones y filosofías imperantes en sus departamentos facultativos, en áreas tales como ciencias políticas o filosofía -- las áreas donde es más probable que se expongan "opiniones controvertidas". Una denuncia que se escucha a menudo es que se encuentran pocos, por decir alguno, Republicanos o conservadores en los claustros de virtualmente cualquier universidad de la nación. Esta es una queja que debe ser tomada en serio.

Si el deseo de "diversidad" ha de ser tomado en serio –y no hipócritamente– los claustros universitarios tienen que concienciarse de la necesidad de una mayor diversidad de pensamiento y contratar a miembros del claustro intelectualmente más diversos para llenar sus filas. En el ínterin, lo menos que podrían hacer es introducir expertos en sus aulas para ofrecer perspectivas y puntos de vista distintos cuando se discuten temas controvertidos. Una doctrina de la imparcialidad de este tipo en la educación superior contribuiría mucho a reforzar la confianza que todos nosotros deberíamos tener en nuestras universidades. Ciertamente, si aquellos que quieren que emisoras que son financiadas de manera privada –y que el consumidor tiene la elección de escuchar o no– sean "justas y equilibradas", la misma expectativa debería tenerse de las universidades financiadas por el contribuyente, donde toda divergencia es abandonada una vez que la puerta del aula se cierra.

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