Cuando ya han pasado algunos días desde la celebración de las elecciones catalanas, es un buen momento para sacar conclusiones y visualizar los movimientos postelectorales de la política catalana tanto del presente como del futuro más inmediato; así como para analizar también su influencia sobre el mapa nacional, dado que a buen seguro los resultados catalanes tendrán su traslación a la política nacional.
Lo primero que cabe destacar es que, contrariamente a lo que se pueda pensar, el independentismo retrocede. Si en la legislatura que acaba de finalizar eran veintiuno los diputados independentistas de ERC, hoy el radicalismo sólo está representado por los diez diputados de ERC y los cuatro de la Solidaritat de Laporta, quienes –ironías que la vida tiene– habrán de compartir grupo mixto con Albert Rivera y los otros dos electos de C’s.Si sumamos los tres escaños de Ciudadanos a los dieciocho del Partido Popular veremos que nunca el voto no nacionalista ha sido más alto que en unas elecciones.
Obviamente, la fragmentación del voto no nacionalista tiene un coste. Su división ha facilitado que CiU se haya ido por encima de los 60 escaños y les permite sumar con ERC una posible mayoría nacionalista radical en temas de identidad nacional. No es la primera vez que ocurre: en las elecciones municipales de 2007, C’s sacó en Barcelona unos votos que no le dieron ningún concejal pero que facilitaron que Hereu siguiese gobernando cuatro años más.
El segundo elemento reseñable es que ha quedado evidenciado que aquellos que señalaban que CiU y PP debían luchar por un espacio electoral común se equivocaban. Ambos partidos han aumentado su apoyo social. La federación nacionalista lo ha hecho pescando un poco en el terreno de todo el mundo y, a la vez, siendo capaces de seducir y atraer, de un modo especial, a aquellas personas que hace ocho años dieron su apoyo a Carod Rovira y que habían llevado a los radicales de ERC a obtener sus máximos electorales.
Por otro lado, la candidatura de Sánchez Camacho ha obtenido los mejores resultados de la historia del Partido Popular en Cataluña, un crecimiento que se produce de manera muy significativa en el cinturón rojo de Barcelona a costa de votantes socialistas desencantados con Zapatero. Se trata de ciudadanos que sufren en sus carnes la crisis económica y que se sienten agraviados cuando ven cómo una parte de la inmigración disfruta de determinados servicios sociales que no les llegan a ellos. Pero también son, de manera muy especial, ciudadanos desilusionados –a la vez que confundidos– con la deriva nacionalista de un PSC que ha olvidado que los buenos resultados que obtenía en el Cornellá de Montilla, el Hospitalet de Corbacho o en la Badalona a la que Serrat le cantaba en los años setenta los debía, sobre todo, a la marca PSOE.
Hoy los socialistas catalanes se hallan inmersos en discusiones personalistas y dudan de si debe prevalecer la línea catalanista o si deben regresar a los orígenes que les han permitido tener el poder municipal casi absoluto durante treinta años. A estas horas soy incapaz de predecir qué acabará ocurriendo, pero lo que sí tengo muy claro es que, por primera vez, el Partido Popular de Cataluña tiene la oportunidad de convertirse en la referencia de esos miles de ex votantes socialistas que han quedado ideológicamente huérfanos. Y lo tengo claro porque un número importante de éstos han dado el primer paso votando al PP en estas elecciones autonómicas.
Las perspectivas para el futuro son buenas. Que el PP alcance nuevas responsabilidades de poder municipal será un elemento fundamental que contribuirá a normalizar nuestra presencia en la política catalana, sin tener que renunciar a ninguno de nuestros principios y valores.
¿Qué nos deparará el futuro más inmediato? Se aceptan apuestas, pero si tuviera que jugarme algo, apostaría a que CiU intentará mantener una calculada ambigüedad y equidistancia con todos hasta pasadas las elecciones generales para, una vez celebradas éstas, con un más que seguro Gobierno central popular y con el horizonte electoral despejado, lograr acuerdos estables de legislatura.