Cuando los liberales de Cádiz justificaron los principios sobre los que se asentaba nuestro primer texto constitucional, hicieron lo posible por dejar clara una cosa: que, con su Contrato social, Jean-Jacques Rousseau no había dicho nada que no se supiese desde hacía mucho en España. Porque si la reunión de las Cortes hundía sus raíces en la más antigua tradición de los reinos hispánicos, la idea de que el gobierno era el fruto de un pacto con los gobernados –o incluso de estos entre sí– había sido ya defendida en el siglo XVI por juristas vernáculos como Vitoria, Suárez o Vázquez de Menchaca, quienes sostuvieron asimismo la doctrina de que la autoridad real debía someterse a las leyes.
Por ello, la revolución de los derechos ciudadanos a comienzos del XIX quiso en España contar con el monarca, que, asociado al mandato de la nación, no era soberano en los mismos términos en que lo había sido la descabezada corona francesa. En el reino vecino, el concepto de soberanía aparecía mucho más vinculado a esa independencia que Francia reivindicaba respecto a los dos grandes poderes herederos de Roma: el Imperio y el Papado. En consecuencia, era la persona del rey la que cifraba la existencia del Estado francés, al disputar al Emperador la potestas de Carlomagno y, tras el gobierno de Luis XIV, al imponer al Papa su preeminencia con la asunción del galicanismo. Se trataba, allá, de un absolutismo que no consistía sólo en una serie de prerrogativas reales, sino en la configuración de la nación sobre la soberanía de "cuarenta reyes que en mil años hicieron Francia", según la célebre frase de Maurras.
Pero, a pesar de estas distinciones con otras monarquías, todos sabemos que el desarrollo de nuestro Estado constitucional estuvo muy lejos de ser un idilio entre la Corona y los representantes del pueblo. En 1836 decía Nicolás Garelly, que fue ministro de Gracia y Justicia y presidente del Tribunal Supremo:
Aunque el principio del gobierno mixto, como el nuestro, cuyos elementos son el Trono y la concurrencia de la Nación, parezca muy sencillo, cuando se entra en los detalles para determinar esta concurrencia de los poderes de un modo provechoso y expedito, se agolpan grandes dificultades, como si se tratara de encontrar la cuadratura del círculo en política.
Nunca como en la Constitución de 1978 esa cuadratura pareció posible, convertida en la empresa de una restauración mutua: la de los derechos democráticos de la nación por parte del rey; y la de los del rey por parte del refrendo democrático de la nación. Como señaló Juan Ferrando Badía en su Teoría de la instauración monárquica en España, la Corona tenía un lugar asignado en el proyecto de apertura a las libertades políticas, civiles y económicas, a título de
1) Factor de integración de todos los españoles. 2) Moderadora de la futura explosión democrática. 3) Símbolo de unidad política nacional frente a una probable partidocracia. 4) Garantía para las actuales clases fuertes del país [se refiere a las de 1975], a las que una política de izquierda maximalista querría implícitamente destruir. 5) Símbolo de la unidad que coordine la futura, y lógicamente desbordante, existencia del hecho regional. 6) Garantía de las futuras inversiones económicas extranjeras.
Por desgracia, al término del reinado de Juan Carlos I parece muy extendida la sensación de que la institución sólo cumplió a cabalidad con las funciones 2, 4 y 6. La de desmontar sin destrozos el establishment franquista, además, le ha granjeado los reproches de esa izquierda que no ha podido ver satisfecha su sed de revancha, aunque el espacio conquistado por ella en el actual sistema deje patente que nadie ha tenido necesidad de suprimir al contrario. En cuanto a lo demás, no puede cargarse sobre la Corona la responsabilidad de problemas que son ya crónicos en la vida española: hasta la "explosión democrática", que con toda la arrasadora connotación del término suponía un conflicto ciertamente conjurado durante la Transición, pretende producirse ahora para recuperar el genio exaltado que tanta crispación ha traído a nuestra historia política.
Tampoco ha podido Juan Carlos I desmarcarse de la partidocracia: igual que le sucedió a Alfonso XIII con la dictadura primorriverista, era su sistema, el que le daba suelo y sustento. El nuevo rey llega en un punto de inflexión para este orden, cuando parece que la consigna es renovarse o morir. Decir que con el comienzo de su reinado acaba la Transición sería un buen augurio si ello significara "misión cumplida" para el programa democrático; pero en cambio se nos quiere llevar a pensar que todo fue un bucle y que caminábamos en círculos, sin salir de los errores y las frustraciones de hace ochenta o noventa años.
Dilucidar esto no es tanto un asunto sobre el destino de la monarquía como una decisión sobre España. Ante una Corona plenamente limitada por la ley, sin trazas ya del modelo diseñado por Franco, revisar el pactum subjectionis no es lo importante; por el contrario, con una nación que sigue sin poder hallar su centro, escéptica de sí misma en lo político, en lo social, en lo cultural, resulta urgente renovar el pactum societatis. A fin de cuentas, para derrocar a un rey basta con una multitud; para formar un buen reino se necesitan buenos ciudadanos.