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Venezuela corre hoy más que nunca el peligro de una guerra civil

Toca a la presión internacional y a las instituciones del mundo democrático vigilar muy de cerca que la oposición pueda servirse de lo que ha ganado en las urnas.

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Todo el mundo sabe que Venezuela es una sociedad terriblemente polarizada; y, cada vez que los nacidos allá trabamos conversación con un desconocido, contamos con que nuestro interlocutor se morderá la lengua antes de sondear, por nuestros comentarios, a qué bando pertenecemos, no vaya a ser que la cosa termine con cajas destempladas. Los venezolanos lo han vivido con vecinos, con amigos de la infancia o con familiares: esa alegría que ha traído el Facebook de recuperar a gente hace tiempo perdida se ha visto frustrada, en bastantes ocasiones, por perfiles aderezados de lemas chavistas o de fotos con camisetas rojas. Si tenemos en cuenta que no hablar de política o de economía en Venezuela sería como obviar el tema del naufragio en los últimos minutos del Titanic, se comprende que hasta los intercambios más normales en la vida diaria de las personas constituyan en aquel país un contexto inflamable.

Pero, por fácil que resulte presenciar un cruce de insultos en la cola de algún supermercado, la situación en Venezuela no ha corrido nunca el peligro de desembocar en una guerra civil. Por una sencilla razón: para que así fuera harían falta dos ejércitos, o, más concretamente, tendría que producirse la fractura del ejército en dos facciones dispuestas a combatirse. Y total es que en Venezuela las Fuerzas Armadas han servido únicamente al chavismo. Sí, al chavismo y no al Estado, muy especialmente desde que la falsa deposición de Chávez en 2002 permitió al régimen hacer una purga de los cuadros militares para dar paso a lo que tiene hoy el país: la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, un órgano que, todavía en un comunicado publicado en febrero por Vladimir Padrino López –el hoy jaleado ministro de la Defensa–, se proclamaba "garante" del "legado heroico del Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana Hugo Chávez". Tarea que, evidentemente, no ha sido atribuida a los militares por la Constitución. Lo que prevé esta última es una institución "al servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna", pues es la responsable de "garantizar la independencia y soberanía de la Nación y asegurar la integridad del espacio geográfico"; algo muy poco parecido a ese cuerpo que ha estado puesto directamente bajo las órdenes de la dictadura cubana, y a cuyos miembros se ha llegado a fotografiar rodilla en tierra ante el líder supremo.

Gracias a esa fidelidad revolucionaria, los venezolanos de a pie han corrido el riesgo de que los persigan, los torturen, los expropien o los maten; y los venezolanos que lideran la oposición, el de que los muelan a palos en el seno de la Asamblea o los metan presos, todo ello con la más absoluta impunidad; pero, sin poder defenderse con más armas que el Twitter, la guerra civil nunca se ha pintado en el horizonte, a Dios gracias. Paradójicamente, el único que ha invocado semejante fantasma ha sido Nicolás Maduro, el "Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y líder de la Revolución Bolivariana" al que el mismo comunicado oficial de Padrino juraba en marzo "irrestricta lealtad". Por supuesto, el temor de Maduro no es distinto al que atenazaría a cualquier otro dictador: el de saber que los militares son leales hasta que se alzan. El régimen ha hecho todo lo posible para cubrirse las espaldas contra esa amenaza: desde aumentar fantásticamente las prebendas de los jefes militares hasta contar con varios de ellos para montar el pujante negocio del narcotráfico, en el que recientemente las autoridades internacionales han sorprendido in fraganti a los sobrinos de la pareja Maduro Flores. Sin descuidar, por supuesto, la organización de milicias y fuerzas paramilitares destinadas a disputar a los cuerpos regulares el monopolio de las armas de guerra.

No obstante, para el régimen resulta muy difícil mantener las cosas en orden cuando todas sus políticas no han servido sino para lanzar el país al mayor caos que ha vivido desde la Guerra Federal del siglo XIX. Con una población hambreada, que ha visto pulverizarse su capacidad adquisitiva, sostener el proyecto bolivariano es persistir en un camino a ninguna parte. Por supuesto, la bonanza de los boliburgueses y de los generales metidos en el cártel de la droga podría subsistir al margen de la ruina general, pero Estados Unidos ha puesto sobre la mesa un escenario que invita a pensarse las cosas. Según ha anunciado la prensa, las fiscalías federales del este de Nueva York y del sur de Miami preparan ya las acusaciones formales contra media docena de militares venezolanos de alto rango por su vinculación con el narcotráfico, mientras se espera, el próximo 17, la vista judicial de los sobrinos de Maduro, aplazada hasta entonces para no influir sobre las elecciones. No es para estar tranquilo lo que podría salir en las declaraciones de los hijos adoptivos de la pareja presidencial, y Diosdado Cabello, el todopoderoso jefe militar de Venezuela, puede verse en una situación muy comprometida ahora que se prepara su desalojo de la presidencia de la Asamblea.

Si la estampida de líderes y militares chavistas en busca de salvación puede ser grande (y a eso es en parte a lo que se atribuye la acción que impidió el fraude el domingo pasado), el miedo a la caída y el apego al poder que se creía eterno pueden aconsejar también una peligrosísima huida hacia delante. Maduro ya ha confirmado públicamente su conocido respeto a la legalidad anunciando que no liberará a los presos políticos aunque el nuevo Congreso le envíe "mil leyes", y al mismo tiempo ha pedido la renuncia de su gabinete, defenestrando con ello a Padrino López, la cabeza visible de la conversión institucionalista que el día 6 experimentaron las Fuerzas Armadas. "Los traidores. [¡]Qué vaina con los traidores!", vociferaba en su Twitter Jorge Rodríguez, el jefe del comando de campaña chavista y exvicepresidente de Venezuela. Y Juan Barreto (exalcalde chavista de Caracas) exigía venganza en la misma red social, clamando: "¡Que todo el mundo se despoje de charreteras!", mientras dejaba esta "reflexión autocrítica": “Debimos transformar la A[samblea] N[acional] [e]n una institución formal y sin importancia creando nuevas inst[ituciones] de democracia directa [¡]No lo hicimos y ahora[,]derrota!”. Así que lo que propone es un “golpe d[e] timón” –es decir, de Estado–, proclamando de inmediato el “poder popular”, que no son sino las comunas gobernadas por comisarios del Gobierno, para sustituir con ellas el Congreso representativo y burgués. Por otra parte, Diosdado Cabello ha anunciado que próximamente quedarán nombrados los magistrados del Tribunal Supremo, destinados a tumbar desde el Poder Judicial todas las decisiones del Parlamento de mayoría opositora.

¿Tendrá vía libre Maduro para burlar el triunfo de la oposición, o se encontrará con unas Fuerzas Armadas dispuestas a apoyar la legalidad constitucional, permitiendo que los nuevos diputados antichavistas lleven a cabo pacíficamente el desmontaje del Estado totalitario? Y si es así, ¿podrían topar esos militares con los que seguramente el chavismo destacará en estos próximos días para defender la Revolución bolivariana? Tendríamos, entonces, un escenario bélico que hay que evitar a toda costa. Maduro lleva tiempo esbozándolo y haciendo ver que son la oposición y el imperialismo yanqui los que quieren conducir el país al conflicto; pero está muy claro que, después de su victoria irreprochablemente democrática, nada le conviene menos a los partidos opositores que verse quitados de en medio por uno o varios militares, pues cabe esperar que éstos, si lograsen extirpar la hidra chavista, no resistan la tentación de quedarse luego con Venezuela como botín de guerra, por el tiempo que les apeteciera (sí, sí: el caso tiene precedentes). Y todo ello a costa de una violencia frente a la cual nadie podría afirmar si sobreviviría ni en qué condiciones.

Toca a la presión internacional y a las instituciones del mundo democrático vigilar muy de cerca que la oposición pueda servirse de las prerrogativas constitucionales que ha ganado en las urnas, y que cualquier intento del chavismo por cegar la vía de la legalidad sea denunciado y rechazado con firmeza.

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