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Rosa Díez contra los cupos vasco y navarro

Los cálculos de Mikel Buesa estiman en 2.060 millones de euros, y 660 millones, respectivamente, la sobrefinanciación que obtienen País Vasco y Navarra mediante la subestimación del cupo.

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En la actualidad, el País Vasco y Navarra disfrutan de un sistema especial de financiación al que se llama cupo vasco y aportación navarra el Estado, respectivamente. Consiste en que las respectivas haciendas forales (cuatro, una por provincia) recaudan impuestos (en la actualidad, todos) y pagan al Estado a cuenta de los servicios que éste presta en sus respectivas provincias. La Constitución de 1978 acepta este régimen tributario que tiene su origen en el final de las guerras carlistas, cuando en tiempos de Cánovas se instauró el Concierto Económico para compensar económicamente a las provincias vascas y a Navarra por la derogación de los Fueros tradicionales.

El verdadero centro de gravedad del sistema consiste en el cálculo y negociación del cupo, el monto de la transferencia económica al Estado para compensarle por los servicios que da y no cobra (infraestructuras, defensa, seguridad, inversiones, etcétera). El resultado es que en España hay dos sistemas de financiación autonómica: el foral y el común (aunque ahora el nuevo Estatuto catalán pretende introducir un tercero). Desde la transición, la negociación del cupo se ha convertido en otro instrumento de presión política de los nacionalistas vascos contra el Estado, y en su huella, los partidos e instituciones navarras han conseguido todavía más beneficios que los vascos. Manipulando la "metodología" de cálculo del cupo han logrado que el Estado se conforme con menos de lo que corresponde por lo que realmente gasta. En resumen, las instituciones vascas y navarras han conseguido una sobrefinanciación a costa del Estado.

Los cálculos de Mikel Buesa estiman en 2.060 millones de euros, y 660 millones, respectivamente, la sobrefinanciación que obtienen País Vasco y Navarra mediante la subestimación del cupo. Hay que añadir que ambas comunidades son, respectivamente, la segunda y tercera, tras Madrid, en PIB por habitante. De manera que no sólo Madrid, sino el resto de las comunidades españolas acaban contribuyendo a sostener este privilegio fiscal: recibir más a cambio de pagar menos, y partiendo de mayores niveles de renta y mejores infraestructuras.

En Navarra, especialmente, las críticas de Rosa Díez a este sistema han levantado una oleada de críticas e indignación, acusando al partido UPyD de jacobino e igualitarista (sic). Es cierto que este partido defiende la igualdad fiscal, porque igualitarista es también la democracia: el esfuerzo fiscal tiene que ser equitativo, relativo al nivel de ingresos y gastos de cada contribuyente. La aportación navarra y el cupo vasco deben ser equitativos, lo que significa que deben pagar al Estado el costo real de los servicios que éste presta. No se trata de quitar nada a nadie, sino de eliminar desigualdades. No es aceptable, sin duda, que haya ciudadanos fiscalmente de primera y de segunda por el lugar donde vivan. Lo lógico es que todas las comunidades tengan la misma financiación, que la presión fiscal y los beneficios sociales sean lo más equitativos posibles en todas las comunidades, y que el Estado tenga la capacidad de invertir más recursos donde sea necesario para el bien común.

Aceptar el concepto de "derecho histórico" si equivale a privilegio y desigualdad no es democrático. La democracia es igualdad de derechos y obligaciones, sean antiquísimos o de ayer mismo. UPyD propone que en la reforma de la Constitución que preconizan desaparezca tanto la alusión a los derechos históricos vascos como a la posible integración de Navarra en Euskadi, y por las mismas razones. Proponer que el cálculo del cupo sea equitativo y realista es defender la igualdad fiscal y la Constitución: no hay que subvencionar a ciertas regiones a costa de los ciudadanos de las demás. En democracia todos tenemos los mismos derechos porque tenemos las mismas obligaciones, como la de pagar impuestos razonables para sostener un Estado común que garantice nuestras libertades básicas. La suposición de que algunos han heredado la suerte de recibir más que sus vecinos pagando menos es muy agradable para los favorecidos, pero imposible de justificar según los principios democráticos.

La propuesta del nuevo partido ha sido, lógicamente, mal acogida en ciertos ámbitos de las comunidades afectadas, ya que desde luego desagrada profundamente a los nacionalistas y sus imitadores regionalistas. Pero un principio fundacional de UPyD es "proponer una política común para todos los ciudadanos de España, y defenderla igualmente en todas partes, sea más o menos popular".

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