Hay cierto elitismo conservador que, excusándose en la supuesta estupidez de la gente, no hace otra cosa que tonterías. Algo de eso debe haber en la forma relativamente vergorzante y tardía, con la que el Partido Popular presentaba hace unos días un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la liberticida "Ley de Igualdad", aprobada por el gobierno el pasado mes de abril. El PP ha presentado su recurso casi de forma clandestina, sin una campaña divulgativa que lo acompañe y justifique, limitando además la crítica a dicha ley a lo que le afecta como partido a la hora de conformar las listas electorales.
Bien es cierto que ese demagógico y liberticida mandato del Gobierno impone a todos los partidos un mínimo del 40 por ciento y un máximo del 60 por ciento de presencia masculina y femenina en las listas electorales, y que eso supuso al Partido Popular la prohibición de una de sus listas, como la integrada exclusivamente por mujeres en la localidad tinerfeña de Garachico. Ahora bien, esta ley sexista, además de la libertad de los partidos y de los electores, también vulnera la libertad de las empresas y de los accionistas, al imponer cuotas similares en los Consejos de Administración, por no hablar de la ampliación de los permisos por paternidad y maternidad, también impuesto sin ni siquiera el otrora elogiado consenso de los agentes sociales.
En lugar de acomplejarse por la supuesta popularidad del mandato gubernamental, el PP debería llevar a gala la oposición a la misma, dedicándole -eso sí- el pequeño esfuerzo de comunicación que es necesario para desacreditarla. Una cosa es la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, base de un sistema libre y democrático, y otra muy distinta la igualación por ley. Esta imposición de cuotas por razón de sexo que el gobierno defiende en un supuesto deseo de proteger a la mujer, es tan impresentable y tan indigna como lo sería cualquier otra imposición por razón de raza o de creencias religiosas. Las mujeres y los hombres que ocupen un puesto en un Consejo de Administración -como en una lista electoral- lo deben hacer en función de su valía individual, no en función de su sexo.
El Partido Popular no sólo debe argumentar ante los tribunales contra esta ley, ciertamente inconstitucional, sino hacerlo también ante los ciudadanos. Confiar un poco más en el sentido común de la gente y no dejar que sea presa de la propaganda gubernamental.
