La socialdemocracia, integrada por todos los partidos occidentales a excepción de los residuos extremistas a uno y otro lado del espectro, sostiene la necesidad de que el Estado combata la desigualdad mediante transferencias coactivas de riqueza. Asume como principio fundamental que la desigualdad es una lacra que hay que combatir, en lugar de una condición intrínseca del ser humano, que por su propia naturaleza tiende a la diversidad y no al igualitarismo. ¿Pero cuál es el montante real del dinero que el Estado hace cambiar de bolsillo en aras de este fin supremo preconizado por las elites políticas desde el Manifiesto Comunista?
En los presupuestos públicos de España, los conceptos de gastos e ingresos están estructurados en capítulos en función de su naturaleza. En concreto, el capítulo IV de cualquier presupuesto estatal o autonómico está destinado a las llamadas "transferencias corrientes". Este es el dinero que el poder político entrega directamente a los beneficiarios designados previamente en función de su criterio o a otras Administraciones, que presupuestan y gastan de forma similar. Podría parecer que esta es una actividad marginal de los gobiernos, mucho más interesados en crear infraestructuras públicas y en garantizar el orden y la justicia. Sin embargo, lo que probablemente poca gente sabe es que la maquinaria estatal destinada a la redistribución supone en España algo más de la mitad del gasto total del Estado.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2007, el capítulo IV suma algo menos de 200.000 millones de euros, lo que supone un 56% del total del presupuesto. Por poner un ejemplo de Comunidad Autónoma, la de Murcia destina a transferencias corrientes un 55% del total, lo que supone algo más de 2.200 millones.
De esta forma, el principal esfuerzo de la burocracia estatal es transferir dinero de unos bolsillos a otros, para lo cual incurre a su vez en un gasto brutal en materia de personal y servicios, cuyo montante se agrupa en los capítulos I y II.
En lugar de dejar que estas transferencias se produzcan espontáneamente en función de los intereses de los ciudadanos, el Estado realiza esa labor de forma coactiva. Ante los réditos electorales que los partidos buscan obtener mediante los subsidios a todo tipo de colectivos supuestamente agraviados, los resultados nefastos que esta forma de hacer las cosas produce en términos de desincentivación y resentimiento social carecen de importancia.
Es cierto que si alguna vez se implantaran fórmulas que dieran más autonomía al individuo (pienso ahora en el cheque escolar), el mecanismo necesario para llevarlas a cabo desde el Estado sería a través de estas transferencias. Es éticamente menos nocivo entregar dinero a los ciudadanos para elegir qué tipo de servicio quieren, que proporcionarlo directamente y a la fuerza. Pero la situación real es que esto no se produce (la educación y la sanidad públicas, por ejemplo, se financian con las aportaciones del estado a los capítulos I y II del presupuesto y no cabe elegir si se prefiere ese servicio u otro privado), y que la práctica totalidad de ese casi sesenta por ciento de los recursos estatales desemboca en los bolsillos de los sectores agraciados, como el cine español o las ONGs, por poner dos ejemplos especialmente queridos por quien esto suscribe.
La socialdemocracia ni siquiera disimula a la hora de manifestar con hechos que su interés no es el bien común sino el preservar a los partidos políticos en el poder a cualquier precio. El volumen de lo que nos roban para este objetivo es, por tanto, una razón excelente para declararse objetor fiscal.
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