La Comisión Nacional de la Energía tiene esta semana ante sí un difícil papel. El jueves 5, como máximo, el regulador de los mercados energéticos tiene que pronunciarse sobre la OPA de Enel y Acciona por Endesa. La cuestión es si va a seguir criterios de independencia e imparcialidad o si, por el contrario, va a volver a plegarse a los deseos de Moncloa, quien propició la entrada de la eléctrica italiana y la constructora de los Entrecanales en la batalla por Endesa para frenar a E.On.
Si el organismo que preside Maite Costa actúa con la lógica y la independencia que cabría esperar de él en teoría, debería poner muchos reparos a la operación por una simple cuestión: la capacidad de Endesa para mantener las inversiones comprometidas teniendo en cuenta la situación financiera de las compañías implicadas. Enel no lo tiene tan difícil ya que disfruta en Italia de unas tarifas elevadas que le permiten acometer operaciones en el exterior. Acciona, sin embargo, está endeudada hasta las cejas ya que el importe que desembolsó para adquirir el 21,4% de Endesa equivalía a la capitalización bursátil de la constructora. En consecuencia, la constructora de los Entrecanales no parece estar en condiciones de ofrecer esa garantía, debido a sus necesidades financieras, lo que obligaría a Enel a tener que hacerse cargo de todo. En este punto surge la primera cuestión polémica. Moncloa vendió su intervención en el caso Endesa por la necesidad de mantener la españolidad de la compañía, cosa que se supone debería garantizar Acciona. Pero si, finalmente, es Enel quien tiene que solventar la cuestión de los compromisos de inversión, adquirirá un poder mayor del que se dice en Endesa. En estas circunstancias, la españolidad de Endesa estaría seriamente en entredicho, en contra de lo que se supone pretendía el Gobierno.
La segunda cuestión estriba en si la CNE va a imponer condiciones y cuáles serán éstas. Cuando Maite Costa tuvo que analizar la OPA de E.On impuso a la eléctrica alemana todo un rosario de obligaciones de desinversión y de pérdida de control de la gestión de las centrales nucleares cuyo único objetivo era hacer desistir a los alemanes de sus pretensiones o, en su defecto, forzar una partición de Endesa para que Gas Natural pudiera hacerse con parte de sus activos eléctricos. Esa era la auténtica naturaleza del dictamen de la CNE, inspirado por Moncloa, porque E.On, por entonces, no tenía presencia en España y, por tanto, y desde el punto de vista de la política de defensa de la competencia, no había razón alguna para imponer ningún tipo de venta de activos. La OPA de E.On no era más que un cambio de propiedad de una empresa ya establecida que era adquirida por otra sin presencia en nuestro país, por lo que no había razones objetivas para la imposición de dichas desinversiones. Ahora, si la CNE sigue el principio que ella misma sentó, debería hacer lo mismo con la OPA de Enel y Acciona, más aún si se tiene en cuenta que la italiana controla Viesgo y la constructora está desarrollando su negocio de energías renovables. Pero ambas compañías quieren quedarse con toda Endesa y presionarán en este sentido. Sin embargo, si la CNE cambia ahora de criterio, el escándalo ya sería mayúsculo. Esto, además, lleva a un nuevo problema.
Enel y Acciona pactaron con E.On la venta de activos a cambio de su retirada de la contienda. Pero, en buena lógica, dicha enajenación debería hacerse mediante subasta, no según los criterios que marquen la eléctrica italiana y la constructora española. Además, no cabe duda de que, cuando llegue el momento aparecerá quien reclame dicho sistema. De hecho, la portuguesa EDP ya habló de ello con ocasión de la OPA de Gas Natural sobre Endesa, y la propia gasista catalana podría estar interesada también en participar en el proceso, aunque solo sea por el interés que viene demostrando la Generalitat en todo este asunto. Todo apunta, por tanto, a que esta concatenación de acontecimientos y posibilidades puede dar lugar al troceo de la primera eléctrica española, suponiendo que dentro de unos años siga siendo española.
Un organismo regulador verdaderamente independiente pondría coto a todo esto. Pero la CNE, por ahora, no ha hecho gala de esa independencia y los últimos acontecimientos invitarán a pensar que seguirá las pautas trazadas desde Moncloa. Porque independencia no es criticar la subida de la luz decretada por el Gobierno y luego aprobarla; independencia es ser coherente con dicha crítica y rechazar las pretensiones del Ejecutivo. A Maite Costa le falta carácter y convicción para actuar de esta manera, así es que, decida lo que decida la Comisión esta semana, no va a ser nada bueno ni para Endesa ni para los intereses del país.
