"El matrimonio es el cimiento de la familia natural y sostiene los valores familiares" es una frase incendiaria, quizá incluso un delito de odio. Al menos lo es en Oakland, California. El consistorio de esa ciudad afirma que estas palabras constituyen algo semejante al discurso de odio y pueden ser proscritas del sistema público de correo electrónico del ayuntamiento o del tablón de anuncios de los empleados.
Cuando la ley McCain-Feingold dotó al Gobierno de poder para regular la cantidad, el contenido y el momento en que podía hacerse el discurso político de campaña, era de esperar que el derecho a la libertad de expresión fuera crecientemente sacrificado en aras de diversos objetivos sociales que la palabra, al parecer, obstaculiza. Y podía predecirse que la supresión de la libertad de expresión se convirtiera en un instrumento de combate cultural, utilizado para zanjar disputas ideológicas e impulsar programas políticos mediante la censura a los adversarios.
Eso es lo que ha sucedido en Oakland. Y, como era previsible, el inefable tribunal de apelaciones de la novena jurisdicción ha ratificado esta violación de las protecciones de la Primera Enmienda. Afortunadamente, revocar a esa corte es trabajo habitual del Tribunal Supremo de los Estados Unidos.
Algunas mujeres cristianas afroamericanas que trabajan para el ayuntamiento de Oakland montaron la Good News Employee Association (GNEA), cuya existencia anunciaron mediante un folleto que lo describía como "un foro para que personas de fe expresen sus opiniones sobre los temas contemporáneos del momento. Con respeto a la familia natural, el matrimonio y los valores familiares". El folleto fue repartido después de que otros grupos de empleados, incluyendo los que defienden el matrimonio homosexual, hubieran dado a conocer sus actividades y opiniones políticas a través del sistema de correo electrónico del consistorio y el tablón de anuncios.
Cuando la GNEA solicitó disponer de las mismas oportunidades para transmitir información mediante ese sistema y tablón, se las denegaron. Además, el folleto que repartieron fue retirado y destruido por funcionarios del consistorio, que lo declararon "homófobo" y perjudicial. El ayuntamiento dijo que había sido creado para promover la humillación basada en la orientación sexual. El consejo municipal advirtió que el folleto y las comunicaciones de ese estilo podrían acabar en acciones disciplinarias "hasta, e incluyendo, el despido fulminante".
De hecho, el consistorio ha prohibido que nadie pueda decir nada que cuestione el programa político del lobby gay porque crearía un "entorno hostil" de trabajo. Y eso a pesar de que los defensores del matrimonio homosexual habían empleado el sistema de comunicaciones del consistorio para desear un "feliz día de salida del armario". Pero los términos "familia natural", "matrimonio" y "valores familiares" son considerados intolerablemente incendiarios.
El trato dado a la GNEA ilustra una técnica mediante la cual las crecientes filas de la autoproclamada policía del pensamiento expanden su poder. Esperan hasta que a los grupos con los que están en desacuerdo, como la GNEA, se les haya provocado lo suficiente como para que les contesten públicamente, para después perseguirlos por molestar a aquellos a los que están respondiendo. En Oakland, esta dialéctica de censura procedió sobre una premisa razonable asociada a una teoría absurda.
La premisa es que los funcionarios del ayuntamiento tienen derecho a mantener el orden y el decoro en su lugar de trabajo. La teoría es que los supervisores tienen un poder de limitar lo que se puede decir en el trabajo que no está limitado por ninguna restricción. Con tal de proteger el orden y el decoro, pueden derogar la Primera Enmienda declarando que hasta el texto amable del folleto de la GNEA es inherentemente perjudicial.
Se supone que el folleto violaba la regulación del consistorio que prohíbe "la discriminación y/o la humillación basada en la orientación sexual". El único perjuicio citado fue la denuncia de una lesbiana de que el panfleto la hacía sentir "acosada" y "excluida". De modo que cualquiera tiene poder para convertirse en censor limitándose a asegurar que lo que otra persona ha dicho o escrito hiere sus sentimientos.
La excepción, claro está, es que aquello que se quiera censurar sea "progresista". Si la GNEA afirmara sentirse "excluida" por el apoyo de algunos empleados al programa político del lobby gay,¿habría sido censurada esa defensa? Por supuesto que no, por mucho que los miembros de la GNEA puedan argumentar, de modo verosímil, que los censores del discurso del consistorio han creado "un entorno de trabajo hostil" para ellos.
Un tribunal de distrito respaldó el derecho del consistorio de imponer regulaciones a la libertad de expresión que evidentemente no son neutrales. Afirmó que el asunto que ha provocado el problema, el panfleto, es algo "ridículamente pequeño". La GNEA, en su breve petición de intervención al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, responde que algunos de los veredictos seminales del alto tribunal referentes a la Primera Enmienda han tenido como causa asuntos tan nimios como llevar una camiseta, hablar en la calle, sostener una pancarta u "otras formas simples de expresión".
El Congreso intenta actualmente introducir otra ley "de delitos de odio" que autorizaría la imposición de mayores penas a los crímenes cometidos a causa de, entre otras cosas, la orientación sexual. Una coalición del clero afroamericano, la High Impact Leadership Coalition, se opone temiendo que pudiera utilizarse "para poner una mordaza a la Iglesia". El clero afirma que en nuestra "sociedad propensa al litigio", la legislación redundaría en demandas "de efecto impactante" sobre la libertad de expresión y la religiosa. Como demuestra el caso de Oakland, también eso es predecible.
