Mariano Rajoy ha empezado a sugerir por dónde irá el programa del PP para intentar arreglar el desastre de la Educación en España. Ha propuesto recuperar la reválida que no llegó a implantarse por el sabotaje del Gobierno socialista, que paralizó la puesta en marcha de la Ley de Calidad a base de decretos. Ha optado, como no podía ser menos, por eliminar el adoctrinamiento que supone Educación para la Ciudadanía. Ha asegurado que su modelo pasa por "el respeto, el mérito y el esfuerzo". Desgraciadamente, todo es razonable, todo camina en la buena dirección, pero no sirve para nada.
Aun cuando el PP gane las próximas elecciones y Rajoy pueda implantar sus razonables ideas en lo que a Educación se refiere, su partido no estará en el poder eternamente, y la izquierda tiene muy claro que hay que adoctrinar a los niños y fomentar el igualitarismo logrando que todos los chicos salgan tan ignorantes y vagos como entraron en la escuela. Excepto, claro está, aquellos cuyos padres, además de pagar vía impuestos por esta abominación, tengan dinero suficiente para pagarles una educación extra. Por tanto, cualquier medida que adopte, por inteligente y bien planteada que esté, puede venirse abajo en muy poco tiempo.
Dado que los socialistas desprecian el consenso, al que toman sólo como una manera de atarle las manos al Gobierno cuando no lo poseen ellos, la única forma de evitar que esto suceda es que, literalmente, no puedan hacer nada cuando lleguen al poder. Que exista ya toda una trama de intereses de padres, profesores y empresas contrarios a su idea de Educación que no pueda hacerse desaparecer así como así. Algo como lo que ha sucedido con la escuela concertada; los socialistas la destruirían, pero no pueden. Y el único modo de lograr este objetivo es el cheque escolar.
Poner en manos de los padres el poder de decidir dónde se destina el presupuesto de Educación elimina de un plumazo todo el poder que sindicalistas y pedagogos tienen actualmente, incluso en la enseñanza pública. Porque los mayores beneficios del cheque ni siquiera son para los colegios privados, como el caso sueco se ha encargado de demostrar. La competencia obliga a la Educación pública a adaptarse al mercado, si no quiere desaparecer. Y es que, cuando sindicalistas y socialistas hablan de defender la "escuela pública", en realidad hablan de defender sus propios intereses como ideólogos del sistema. La única manera de salvarla realmente, es decir, de lograr que cumpla con su función, es ponerla al mismo nivel de protección que la privada. Entonces, en una sana competencia de tú a tú, cambiaría. Que es lo que no quieren los que han traído el desastre actual a nuestras aulas.
