Los grades proyectos a largo plazo sólo tienen un problema: cuando el largo plazo llegue, todos estaremos muertos. Y si no, don Mariano, arrímese al cementerio municipal de Sussex y pregúnteselo de mi parte a Keynes, que él fue el primero que lo tuvo claro. Más nos valdrá, pues, que ese propósito que acaba de susurrarnos casi a media voz, la idea de modificar la Ley Electoral con tal de acabar con el chantaje de las minorías centrífugas, sea algo más que lo que parece: un globo sonda para auscultar la reacción de los socialistas. Y es que si hemos perdido treinta años hasta descubrir, por fin, la deslealtad congénita de los nacionalistas "moderados" con el pacto constitucional, no dispondremos de otros treinta antes de empezar a hacer algo al respecto.
De empezar, por ejemplo, a sacudirnos de una vez esa rémora inconsciente de la escolástica marxista que, paradojas de la vida, acabó parasitando a cierto pensamiento conservador. Me refiero al determinismo histórico que disfrazado de fatalismo posibilista atenaza a los centristas y demás órdenes mendicantes. Esos que se ríen de las ucronías porque están persuadidos de que la historia no podría haber resultado distinta de lo que ha sido. Una fe que, al tiempo, no les impide comulgar con el mantra de que el futuro ya no es lo que era desde que González y Cebrián lo reescribieron con faltas de ortografía durante una noche de farra en la bodeguiya.
Sin embargo, ni el futuro balcánico está determinado en las estrellas, ni esta lenta metástasis del Estado era inevitable; ni inevitable ni irreversible. Porque para conseguir que nuestro destino colectivo sólo sea el que determine ese ochenta por ciento largo de españoles que vota a las dos grandes fuerzas nacionales, bastará con que el Partido Popular se decida de una vez a imitar a Zapatero. Así, si un cantamañanas irresponsable ha demostrado que podía derogar unilateralmente la Constitución, a un estadista serio no le debiera temblar el pulso antes de reinstaurarla mediante una simple ley del Parlamento.
Reza el artículo 68 de la Carta Magna: "El Congreso se compondrá de un mínimo de trescientos y un máximo de cuatrocientos diputados...". Cierto que con 350 escaños, los que la Ley Electoral le asigna ahora, Zapatero podría fundar la Confederación Ibérica de Estados Independientes, si la ETA no le organiza un "accidente" con muertos antes de marzo. Tan cierto como que con el presidente Rajoy elevando esa cifra a cuatrocientos, uno más por cada circunscripción, la eterna extorsión parlamentaria de los micronacionalistas vascos y catalanes al Gobierno de turno se terminaría de un plumazo y para siempre jamás.
Consúltelo con Keynes, don Mariano, y ya verá lo que le aconseja.
