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Jorge Valín

¿Quién nos defiende del interés general?

La razón por la cual el proceder de los políticos es más parecido al de un orangután borracho que al de una persona prudente se debe a que las consecuencias de sus acciones no les afectan a ellos mismos.

La SEPI entrará con un 5% en el capital de Enagás. La razón según el Gobierno, se debe a que el negocio de la empresa (básicamente el transporte de gas) es de "interés general". ¿Y qué no?

Miremos la vivienda. También es de interés general porque nos afecta a todos. Esta razón llevó a Zapatero a crear un Ministerio de Vivienda. La mayor proeza de los sesudos burócratas al problema de la vivienda fue crear una web que costó 400.000 euros y regalar 10.000 pares de zapatillas que nos costaron 70.000 euros. ¿Qué le hace pensar que si el Gobierno empieza a responsabilizarse de cualquier otra cosa, como un recurso natural o Enagás, no se comportará igual?

La razón por la cual el proceder de los políticos es más parecido al de un orangután borracho que al de una persona prudente se debe a que las consecuencias de sus acciones no les afectan a ellos mismos. Somos nosotros, y no los políticos, quienes sufrimos y pagamos sus errores. Los políticos, también, no deben rendir explicaciones a nadie, esto es, no tienen responsabilidad alguna de sus actos.

Esta semana lo hemos vuelto a ver con el bochornoso apagón de Barcelona. Miquel Iceta, portavoz del PSC, ya ha encontrado un chivo expiatorio al desastre: Manuel Pizarro, presidente de Endesa. Tal y como lo enfoca el portavoz socialista, parece ser que Pizarro, en una rabieta, fue a Barcelona y cortó con sus manos y dientes el cable de alta tensión que produjo el apagón.

Pero, ¿no tomó el Estado el control de este sector para que no pasaran estas cosas? El responsable de esta situación no es más que el Gobierno que mantienen el sector de la energía hiperregulado y esto provoca que las empresas sean incapaces de adaptarse a los cambios de la sociedad, estén totalmente cerradas a la innovación y la competencia sea inexistente. Dicho de otra forma, las empresas no trabajan para sus clientes, que sería lo lógico, sino que trabajan para las exigencias del Gobierno: el autoproclamado proveedor moral del interés general.

Si el Gobierno es el interés general y falla, como suele ocurrir, ¿cómo pedimos responsabilidades al interés general, es decir, al Estado? Si el interés general, además, mantiene el monopolio de la fuerza y está en la cúspide del poder, ¿quién nos protege de él si nadie lo controla? Y si el interés general está compuesto por individuos que responden a los mismos principios económicos que el resto de seres humanos, maximizar su utilidad, pero que ven en el dramático arte del sometimiento ajeno, la política, un camino fácil para conseguir dinero, fama y prestigio ¿por qué vamos a pensar que se comportarán como ángeles? Evidentemente, la solución a cualquier problema no pasa por dar más poder a los políticos. Eso sería como apagar un fuego echándole gasolina.

En realidad, la respuesta correcta es la libre elección. El monopolio del Gobierno, en cambio, es servidumbre. La libre elección nos permite que podamos ir a buscar nuestro bienestar material a otro lado cuando alguien nos falla y sepamos contra quién actuar en caso de incumplimiento de contrato. ¿Usted ha firmado algún contrato de servicio o calidad con el Gobierno? No, de él sólo tiene un montón de promesas incumplidas. Y es que si una empresa se comporta negligentemente, cierra. Si el Gobierno se comporta negligentemente crece, sube los impuestos, subvenciona a los más ineptos y culpa a las empresas, trabajadores, consumidores y ciudadanos de tal situación. Esta vez le tocó a Pizarro en primera persona, que al parecer dedica el poco tiempo en que no está vigilado por el CNI a cortar cables de alta tensión por toda España.

La libre elección sólo se puede conseguir dejando que cada cuál sea responsable de lo que hace y lo que vende. Se consigue aboliendo a los dictadores de la producción y auto proclamados soberanos del mercado. Se consigue dejando a la gente elegir quién se va y quién se queda sin que sea potestad de uno sólo, ya quiera llamarse Estado o interés general.

En Libre Mercado

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