Las reacciones contra algunos aspectos de la llamada "Ley de Medidas Urgentes de Modernización de la Administración", aprobada el pasado miércoles por la Asamblea de Madrid, no hacen más que acrecentarse, algunas de ellas no sin razón. La Ley, que contiene medidas variadas –muchas de ellas positivas– en materia de urbanismo, medio ambiente, transporte e incompatibilidades de cargos públicos, incluye, sin embargo, la prohibición de la construcción en la Comunidad de Madrid de edificios de altura superior a tres plantas (incluida la baja) más ático, salvo en el caso de "edificios singulares".
Si desde la Confederación de Consumidores y Usuarios de Madrid se ha advertido de las "serias consecuencias" que dicha restricción puede tener respecto a "transportes, precios de la vivienda y medio ambiente", la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos ha denunciado la falta de trasparencia en la adopción de esta ley porque "ha rehuido el diálogo, el debate y la participación ciudadana". La Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid asegura, por su parte, que tampoco ha sido consultada durante la elaboración de este liberticida mandato, del que también parecería desvincularse hasta el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, quien, sin entrar en el fondo del asunto, ha asegurado que, por lo que conoce el consistorio, "la Ley no afecta directamente al Ayuntamiento de Madrid, dado que lo que nosotros tenemos en estos momentos es un Plan General aprobado y se está haciendo referencia a aquellas ciudades que tendrán que aplicar esta norma para la aprobación de aquellos planes generales que tienen pendientes".
En cualquier caso, se trata de una liberticida y, ciertamente, encarecedora restricción que, para colmo, incluye una excepción para la construcción de "edificios singulares" –incluidos rascacielos–, en un alarde de arbitrariedad y discrecionalidad ,que son siempre foco de corruptas tentaciones. Lo más lamentable –y esto sí, singular– es que esta prohibición la haya aprobado una dirigente liberal, como Esperanza Aguirre, quien con esta medida no sólo contradice su impulso a la liberalización del suelo, sino que contraviene el respeto a la libertad y la propiedad privada que sí denotan otras medidas incluidas en la propia "Ley de Medidas Urgentes", como la obligación a los agentes forestales de pedir autorización judicial para entrar en fincas privadas.
