Los extranjeros que viven en España suelen comportarse de una forma rara. Aceptan e incluso respaldan acciones políticas que jamás respaldarían en su propio país. Se ve que si se han venido a vivir aquí es para vivir emociones fuertes, de las que en su propio país se prohíben ellos mismos, como muchos ingleses en Benidorm. Los corresponsales de la prensa extranjera unen a este gusto por lo marcadamente extravagante las anteojeras de izquierdas. El resultado es de todos sabido. Los etarras luchan por su libertad, por ejemplo, y el PSOE se esfuerza porque todos progresemos.
Aunque pocas, hay excepciones. Una de ellas son los periodistas del Wall Street Journal. A pesar de que España ha desaparecido del mapa internacional –por voluntad de los propios españoles–, estos periodistas siguen empeñados en sacar adelante una información objetiva. El último ejemplo es un artículo publicado en primera página del periódico, el pasado 2 de agosto, y firmado por Jonathan House. Trata del proceso de descentralización llevado a cabo en España y de sus consecuencias.
La primera virtud del trabajo de House es discernir algo que no suele salir en los análisis de este tipo. Es cierto que la descentralización en España es muy alta. El Estado gestiona aquí el 51 por ciento del presupuesto frente al 54 en Estados Unidos o el 63 en Alemania. Pero lo que está planteando problemas es, más que eso, el aumento en las regulaciones e intervenciones de todo tipo que la descentralización ha propiciado.
El artículo se centra en las que algunos gobiernos autonómicos están imponiendo al libre comercio. Y la paradoja es que, siendo un país tan descentralizado, somos también el tercero en cuanto a regulaciones a la actividad comercial de los países de la OCDE, por detrás de Bélgica y Grecia. Se pierden oportunidades, capacidad de expansión y de ahorro por parte de las empresas, así como puestos de trabajo.
Aumenta, ni que decir tiene, el poder discrecional de los poderes públicos autonómicos. La unidad de mercado es una de las claves del éxito de las naciones, por mucho que les pese a Rodríguez Zapatero y a sus amigos los nacionalistas. Ahora corre el riesgo de fragmentarse, con costes económicos (es decir, humanos) y políticos todavía sin evaluar.
Por una vez, alguien en la prensa extranjera pone el dedo en la llaga. El proceso de descentralización, precisa Jonathan House, es interpretado por muchos como un auténtico proceso de desmantelamiento del Estado constitucional. En cualquier caso, el hecho tiene dos consecuencias. Por un lado, más intervención, y no menos. Por otro, y a consecuencia de ello, un horizonte más inquietante para la prosperidad de todos. Ya están surgiendo las dudas acerca del grado de libertad de lo que una vez fue una de las economías más abiertas de Europa.