La entrevista de Manuel Fraga realizada por María Antonia Iglesias para El País no tendría mayor importancia si no fuera la primera que el PP concede a un medio del Grupo Prisa desde que Jesús Polanco acusara a los populares de "guerracivilistas" y calificara la manifestación contra las medidas favorables a De Juana Chaos de "fascismo puro y duro". En aquel momento, el PP aseguró que aquello iba "mucho más allá del legítimo posicionamiento editorial y de la crítica ideológica" y desvanecía "cualquier pretensión de imparcialidad del Grupo Prisa". De modo que, mientras no rectificara, los populares "dejarían de atender todas las convocatorias de entrevistas, tertulias y programas del Grupo Prisa".
En aquel momento se criticó agriamente la decisión del PP, pese a que una actuación similar del PSOE respecto a Telemadrid había recibido el silencio absoluto por parte de los periodistas y sus asociaciones. Unas protestas que confundían el derecho a informar con la obligación de otros de ponerse al servicio de los informadores, es decir, que confundían una vez más los llamados derechos negativos, o libertades, como la de expresión, con unos derechos que obligan, para su cumplimiento, a destruir la libertad de otros. En este caso, la del PP de acudir a hacer declaraciones a los medios que estime oportunos.
Nosotros no negamos el derecho del PP de volver a los medios de Polanco como no criticamos, ni mucho menos, su decisión inicial. Al contrario que la APM, respetamos la libertad de los populares, y la de los socialistas, de acudir a donde les plazca. Pero resulta cuando menos sorprendente que, si bien la muerte de Jesús Polanco evidentemente impide una rectificación suya, no hayan esperado a unas palabras de su sucesor, hechas con la misma publicidad que las anteriores, en las que corrigiera a su padre. Porque lo grave era que Polanco, cuando insultó al PP y a sus votantes, actuaba como presidente de una empresa familiar que resulta ser el mayor grupo de comunicación de España en el acto más importante de ésta: su junta de accionistas. Por eso hacía imposible esperar un trato imparcial de los medios de su propiedad y estaba más que justificada la ausencia de los populares en ellos.
En todo caso, puede ser comprensible que, unas semanas después de la muerte de Polanco y en pleno agosto, donde todo parece tener menor importancia, el PP haya decidido dar marcha atrás, como gesto de buena voluntad ante la nueva dirección del conglomerado, esperando que a partir de ahora no tengan que bregar con un propietario tan sectario como el anterior. Pero lo que no resulta de recibo es que lo hagan sin explicarlo no ya a los ciudadanos, sino a sus propios votantes, que acudieron en masa a una manifestación convocada por Mariano Rajoy y fueron el blanco de los insultos de Polanco, que nadie ha rectificado. Los asistentes a aquella multitudinaria manifestación merecen que se les diga por qué se les da ahora la espalda.
A no ser, claro está, que lo de Fraga haya sido un acto de francotirador, hecho sin el conocimiento ni la aprobación de la dirección del PP. En cuyo caso, habrá que esperar a que se le reproche y se reafirme públicamente que se mantiene la política anterior con respecto a Prisa. Pero no parece muy probable, ni lo uno ni lo otro, de modo que tendremos que tomar nota de una nueva concesión del PP al establishment socialista sin que se espere a cambio contrapartida ninguna.
