Como el presidente Sarkozy y su Gobierno han anunciado la reforma de los "regímenes especiales" de las pensiones de jubilación, los sindicatos de transporte –y en primera fila la CGT, el más potente aún del ramo– han anunciado una huelga para el 18 de octubre. Estos "regímenes especiales" consisten en que ciertas categorías de trabajadores, como los ferroviarios y los empleados de la RATP parisina (metro y autobuses), cotizan menos años (37,5) y cobrar mejores pensiones.
Los sindicatos defienden sus "regímenes especiales", considerando que los suyos son trabajos penosos, por lo que es lógico poder jubilarse antes. El Gobierno, por su parte, afirma que, en nombre de la justicia y de la igualdad y teniendo en cuenta el "agujero" de la Seguridad Social (12.000 millones de euros), hay que armonizar las pensiones y los años de cotización. Lo que no dicen los sindicatos, claro, es que la penosidad de su trabajo ya se tiene en cuenta en su horario laboral semanal o mensual y los ferroviarios que, pongamos, trabajan de noche o los fines de semana gozan de más días de descanso que los demás trabajadores.
La huelga, inevitable (habrá otras), se presenta bajo los mejores auspicios para el Gobierno. Según las encuestas, una amplia mayoría de franceses es favorable a la reforma, como también lo es a la imposición de servicios mínimos en los transportes en caso de huelga. Por cierto, habrá que ver cómo funciona –o no– dicho "servicio mínimo", recientemente aprobado en el Parlamento. La opinión pública percibe esos "regímenes especiales" como privilegios de ciertas categorías de funcionarios y la prensa resaltaba estos días el caso de los conductores de autobuses de empresas privadas en la región parisina, que hacen el mismo oficio penoso, con los mismos horarios y el mismo riesgo –porque llegan a ciertas banlieues–, pero ninguna de las ventajas de los funcionarios de la RATP estatal en materia de pensiones y demás.
La izquierda y los sindicatos socialcomunistas se ilusionan, aunque no demasiado, con la esperanza de repetir la jugada de 1995, cuando una gran huelga en la que participaron todas las categorías de funcionarios tumbó al Gobierno de Alain Juppé y, de paso, permitió a Pierre Bourdieu lucirse como idiota de izquierdas. Entre sus reivindicaciones de entonces ya estaba la de impedir la reforma de las pensiones "especiales". Pero, salvo sorpresa, este 18 de octubre no ocurrirá nada semejante; ni siquiera todos los sindicatos concernidos llaman a la huelga.
