Leo en ABC: "Correa estataliza el 99 por ciento de las ganancias extra de las petroleras en Ecuador... La medida supondrá unos ingresos para Ecuador de 700 millones de dólares anuales". Caramba, ¿por qué no lo hicieron antes?
En efecto, si los beneficios son sospechosos, lo son especialmente cuando son "extra". La expresión inglesa señala sin tapujos la falta de mérito: windfall, es decir, lo que cae por la pura acción del viento, sin esfuerzo alguno. Existe una antigua tradición de combatir estos ingresos (pensemos en los economistas clásicos y la renta de la tierra, por ejemplo), cuya expropiación sería inobjetable, y más aún cuando proporcionan ingresos nada menos que para "Ecuador" –al parecer, no específicamente para sus gobernantes.
La noticia pasa por encima de lo que debería presidirla: la violación de la propiedad privada y los contratos. Pero se trata de un sector aún más intervenido que la media, algo que no destaca el diario, y eso que el artículo contiene una declaración reveladora de quién manda allí, como en todas partes. El portavoz de Repsol declaró: "Estaremos dispuestos, como siempre, a negociar con el Gobierno."
No sólo se sospecha de todo menos del poder político, sino que se recurre a él como panacea. En la misma página de El Mundo leí estos dos titulares: "La patronal exige al Gobierno que dé marcha atrás y mantenga los incentivos fiscales en I+D" y "UGT pide subir el salario mínimo a 885 euros en la próxima legislatura".
Según los representantes de CEOE y CEIM, "es necesario mantener estas ayudas fiscales y, además, incrementar las ayudas directas de la Administración para apoyar determinados sectores estratégicos". Ni el más socialista de los políticos ni el más intervencionista de los burócratas lo habría puesto más claro.
Lo que falta en todo esto es una noción de los costes de oportunidad y de las consecuencias del intervencionismo en términos, por ejemplo, de impuestos y de paro. Y lo que no falta es la alabanza irreflexiva de la intervención por tomar en cuenta únicamente sus efectos positivos. Así, los señores de UGT afirmaron seriamente que, cuanto más suba el salario mínimo, ¡mejor para el empleo!
