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EDITORIAL

Zapatero confirma que margina a Madrid

La región madrileña ha sido descaradamente marginada durante toda la legislatura; no sólo ha tenido que financiarse sus proyectos sino que encima ha tenido que luchar por ellos en los tribunales porque el Gobierno de Zapatero quiso impedir su construcción

La patética respuesta de Zapatero a las acusaciones del Gobierno de Madrid ha sido una demostración más de una de las tácticas propagandísticas preferidas por la progresía, que podría resumirse en esta frase: tú pregunta lo que quieras, que yo responderé lo que me dé la gana.

La región madrileña ha sido descaradamente marginada durante toda la legislatura en lo que a inversiones se refiere; no sólo ha tenido que financiarse los proyectos de infraestructuras sino que encima ha tenido que luchar por ellos en los tribunales porque el Gobierno de Zapatero quiso impedir su construcción. Encima, para añadir burla al escarnio, entre los escasos dineros supuestamente reservados para las obras públicas en Madrid en los últimos presupuestos que se discuten actualmente en las Cortes la mitad está dedicado a gastos de las dependencias estatales en la región, y parte del resto a proyectos repartidos por toda España.

Con esto encima de la mesa llega Zapatero y afirma que han tratado muy bien a Madrid en materias como sanidad, policía o hasta ayudas a la vivienda; como si éstas fueran exclusivas de la región. Es decir, ha sacado balones fuera hablando de algo completamente distinto. Porque aunque retóricamente se suela hablar de "invertir" en aspectos como los que ha mencionado Zapatero, sólo una parte muy pequeña del gasto público se puede considerar inversión; básicamente la que se refiere a la construcción de infraestructuras, que si están bien pensadas pueden mejorar el crecimiento económico de una región.

El dinero destinado a obras públicas no debería depender de acuerdos políticos ni de estatutos que definan cuánto debe ir a qué lugar, sino de las necesidades de cada región. Pero dado que Zapatero ha decidido impulsar estatutos insolidarios que obligan a dedicar un porcentaje concreto de la inversión en las regiones que los han aprobado, resulta del todo lógico exigir al presidente del Gobierno que trate a todas las comunidades autónomas con el mismo rasero. No se puede predicar insolidaridad y después intentar escaquearse de los resultados. O quizá sí, pero semejante intento debería ser castigado en las urnas.

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