La agria discusión mantenida entre la vicepresidenta del Gobierno y la presidenta del Tribunal Constitucional (TC), María Emilia Casas, el pasado 12 de octubre es mucho más que una anécdota. Este enfrentamiento simboliza una de las mayores amenazas para la democracia y el Estado de Derecho, el asalto ejecutivo al Poder Judicial.
El Tribunal Constitucional es una institución de carácter híbrido, político-judicial, cuya concepción moderna como órgano distinto del Tribunal Supremo se debe a las aportaciones teóricas del austriaco Hans Kelsen y el alemán Karl Lowenstein en los años veinte y treinta del siglo XX. Preocupados por las tendencias bonapartistas y autocráticas de muchos políticos, estos expertos idearon una jurisdicción constitucional independiente a fin de controlar los excesos de los otros poderes, especialmente el Ejecutivo. En la actualidad, muchas naciones, entre ellas Francia, Alemania y España, y numerosos estados iberoamericanos, cuentan con tribunales constitucionales de este tipo.
Sin embargo, más allá del número de instituciones de control, la calidad democrática depende de una serie de usos y costumbres basados en el respeto al Estado de Derecho y al principio de separación de poderes. Así, el asalto ejecutivo sobre el Poder Judicial por medio de nombramientos y destituciones arbitrarias, juicios políticos, amenazas y leyes cuyo único objetivo es el cese o perpetuación de algunos jueces es uno de los vicios que lastran el desarrollo democrático de muchos países, especialmente los africanos y los americanos situados al sur del Río Grande.
Dados estos precedentes, la iniciativa del Gobierno de recusar a dos magistrados del TC es una decisión más propia de dirigentes con vocación de caudillos que de una democracia consolidada. Ante el riesgo de que algunas leyes, como el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña y la ley que permite el matrimonio homosexual, puedan ser enmendadas por el TC, el Gobierno decidió ampliar el mandato de su presidenta y vicepresidente, cuyas posiciones se presumen próximas a las mantenidas por el Ejecutivo. Sin embargo, el recurso del PP a esta ley y su probable aceptación por el tribunal debido a la obligada ausencia de los dos magistrados objeto de la polémica, ha llevado al Presidente del Gobierno a poner en marcha una medida que sólo cabe en situaciones de emergencia.
La recusación de magistrados del TC por la abogacía del Estado sólo procede en casos de extrema gravedad, como por ejemplo la parcialidad manifiesta o la negativa del tribunal a aplicar a sus miembros alguna de las causas de recusación. Ninguna de esas circunstancias se pueden esgrimir para justifica el intento por parte del Gobierno de apartar a dos magistrados denominados “conservadores” de la votación sobre el futuro de María Emilia Casas y Guillermo Jiménez.
La bronca de María Teresa Fernández de la Vega a la presidenta del TC no es sólo un comportamiento estética y moralmente reprobable, sino que ejemplifica a la perfección el talante autoritario y antidemocrático que caracteriza la política de José Luis Rodríguez Zapatero. La dignidad no consiste en poseer honores, sino en merecerlos.
