Exageraba el príncipe descrito por Quevedo en La Hora de Todos y la Fortuna con Seso, que en el capítulo Arbitristas en Dinamarca decía: "El Anticristo ha de ser arbitrista". Y eso que les achacaba unos consejos que parecen escritos por el mejor asesor político del momento, pese a no ser más que maldades imaginadas por el propio autor. ¿Qué asesor no querría presentarle al presidente un plan "para tener gran suma de millones, en que los que han de pagar no lo han de sentir; antes han de creer que se los dan". Quevedo sabía de qué hablaba y lo cierto es que la política es poco más que eso: hacer que la gente entregue toda la renta que gana hasta el mes de mayo o junio, pero hacerle creer que en realidad está viviendo gracias a la generosidad del político.
¿Cómo convertir una farsa como esta en una función diaria, con todos como espectadores sin entrada, manteniendo permanentemente el engaño? ¿Cómo desmentir todos los días a Lincoln, que dijo que puedes engañar todo el tiempo a uno o un momento a todos, pero no todo el tiempo a todo el mundo? A eso se dedican los asesores. A susurrar estrategias políticas en las que pase lo que pase el político quede flotando sobre la superficie y quede como último salvador.
Ahora están de actualidad porque Zapatero necesita toda una convención nacional de asesores para encajar su política. Nada menos que 682 para este año y un par de docenas menos para el año que viene. A 42.000 euros por arbitrista y año, lo que no está nada mal. Lo peor es que el Gobierno lo ve como un gesto de austeridad. Quizá acabemos teniendo 42.000 asesores a los que habrá que pagar, eso sí, 682 euros al año por todos sus servicios. Zapatero no va a necesitar menos, con su intento de negociar nuestras instituciones con los terroristas saltando por los aires, con los buenos datos económicos huyendo en estampida y con una cumbre de 4 segundos con George W. Bush como mayor éxito de la diplomacia española desde la llegada de Moratinos.
No es que los gobernantes no necesiten asesores, pero me da que cuantos más se necesitan peores son las tareas que tienen que salvar. Si un presidente de Gobierno se ha marcado como objetivos cumplir y hacer cumplir la ley, ajustar los gastos públicos a lo que sea más provechoso y menos dañino, no manosear la economía ni, para el caso, la cultura o la vida ciudadana, ¿necesitará legiones de arbitristas para cumplirlos?
Mucho me da que no.
