La proliferación de grandes asentamientos ilegales de inmigrantes, mayoritariamente marroquíes, en las inmediaciones de Madrid y otras ciudades españolas es un polvorín que podría estallar en cualquier momento. Resultado de la incompetencia y la negligencia de unas autoridades que piensan que todos los problemas se resuelven a golpe de sonrisa y de manual de Educación para la Ciudadanía, esto peligrosos ghettos difieren poco de los barrios marginales norteamericanos recreados por el cine de Hollywood y de los ranchos, favelas y villas miseria iberoamericanos.
Las diferencias entre el caso español y los americanos son la autocensura que predomina entre algunos medios de comunicación de aquí a la hora de informar sobre este fenómeno –¿cuántas personas conocían la existencia del asentamiento de La Cañada Real de Madrid antes de los incidentes de esta semana?–, el fanatismo religioso, que convierte cada encuentro con los agentes de la ley en un conato de yihad contra el infiel, y la permisividad de los poderes públicos, que lejos de atajar la violencia permiten que algunos habitantes de estos poblados corten el tráfico y amenacen con impunidad, tal y como ocurrió en Madrid el viernes por la mañana.
Un conjunto de conductas simplemente intolerables y amenazadoras para la sociedad, que tiene que sufrir con paciencia las numerosas actividades delictivas originadas en los asentamientos y además asistir al triste espectáculo de unas fuerzas de seguridad a las que desde el Gobierno se les prohíbe cumplir con sus misiones constitucionales, que son la protección de los derechos y libertades y la garantía de la seguridad ciudadana.
No faltará quien ante los gravísimos hechos acaecidos en Madrid, saldados con más de veinte agentes de policía heridos y la suspensión temporal de los derribos de viviendas en el poblado dictada por un juez (¿una claudicación más del Estado de Derecho ante la brutalidad de unos pocos?) hable de debate, negociación, talante e incluso islamofobia, el penúltimo palabro puesto en circulación por la progresía gobernante. Nosotros preferimos usar los viejos términos de ley y orden, respeto exquisito a los que no infringen las normas y severidad contra quienes eligen perturbar la paz social.
Por tanto, animamos a los ayuntamientos de Madrid y de otras ciudades españolas a aplicar una política de máximo rigor a la hora de combatir la lacra de los asentamientos ilegales y exigimos a los responsables policiales, a sus jefes políticos y a los jueces que velen por la seguridad de todos e investiguen y detengan a los responsables de la violencia organizada en los poblados. Asimismo, y dada la proximidad de las próximas elecciones generales, convendría que los redactores del programa electoral del Partido Popular se alejasen de la idiocia de lo políticamente correcto y de la falsa tolerancia y se dieran cuenta de cuáles son los auténticos problemas sociales y propusieran unas políticas de inmigración y seguridad acordes con la firmeza que demanda la inmensa mayoría de los españoles.
