Alejo Vidal-Quadras, entrevistado este viernes por Federico Jiménez Losantos, ha explicado esa gran propuesta del Foro de Ermua, la Fundación Concordia, Convivencia Cívica Catalana y la Fundación para la Defensa de la Nación Española; el fruto de un trabajo de estudio y elaboración jurídica de lo que en su día propuso el Consejo de Estado y que en algún momento hizo suyo el Partido Popular.
La propuesta consiste en una reforma constitucional que garantice una España de ciudadanos iguales ante la Ley, con los mismos derechos y deberes en todo el territorio nacional. Así, se propone eliminar la distinción entre nacionalidades y regiones del artículo 2 de la Constitución, garantizar el uso del castellano en la Administración y en el sistema educativo en todo el territorio español, reformar el sistema electoral del Congreso, definir y cerrar la distribución de competencias y garantizar la independencia del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional.
La incorporación de esta propuesta a la agenda política española está en manos de Mariano Rajoy, de quien depende que el PP se comprometa a buscar el consenso con un PSOE posterior a Zapatero de cara a una reforma constitucional y, por qué no, a un Gobierno de coalición que ponga a funcionar el Estado de Derecho y siente las bases para recuperar una situación de turnismo político donde no se sacrifique la soberanía nacional, las libertades, la igualdad ante la Ley o el funcionamiento del Estado en beneficio de uno de los dos partidos nacionales en un momento determinado.
Pocos perdonarían al PP olvidar cuatro años de discurso nacional y pactar con los nacionalistas como si nada. Ese discurso nacional y liberal no puede limitarse a un electoralismo coyuntural; Rajoy tiene que convencernos a todos los españoles de que el PP no sacrificará parte de las libertades y parte del Estado de Derecho por lograr la investidura. Rajoy ya se ha comprometido a una reforma de la Ley electoral para que no gobiernen partidos minoritarios en los Gobiernos regionales, se ha comprometido a buscar cuatro consensos básicos con el PSOE y se ha comprometido a una reforma educativa. Sólo le queda un compromiso solemne de que la Nación estará por encima de la investidura: asumir la propuesta de Alejo Vidal-Quadras.
El sistema educativo sería el principal beneficiado de esta recuperación del Imperio de la Ley. La transferencia de las competencias educativas a las comunidades autónomas ha dinamitado la idea de un sistema educativo nacional, ya que ha dado a los nacionalistas el control sobre toda la educación pública y sobre las subvenciones a los colegios privados, sobre los planes de estudio y sobre la selección del profesorado. Y, como los nacionalistas conciben la educación como un instrumento de homogenización social en torno a un proyecto identitario, en España, en materia educativa, no rige la Constitución española de 1978. Zapatero ha logrado agravar esta situación, porque a pesar a que corresponde al Estado fijar unos contenidos comunes, desde la aprobación de la LOE no lo hace.
Rosa Díez y Albert Rivera ya han dicho que el Estado debe recuperar las competencias en educación para que los nacionalistas no tengan el monopolio educativo en una parte de España. En un tercio del territorio nacional, incluyendo comunidades gobernadas por el PP, los padres ya no pueden escolarizar a sus hijos en su lengua materna. La propuesta de Vidal-Quadras está ya hecha. Don Mariano, su turno.
