No he leído ni oído todavía a nadie, en el debate sobre la Educación para la Ciudadanía, referirse la gravísima conculcación que su regulación normativa hace del artículo 16.2 de la Constitución española de 1978. Este artículo expresamente establece como uno de los derechos fundamentales que "nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias".
La actual redacción de la asignatura es claramente inconstitucional, y como padres, profesores y centros debemos enfrentarnos a ella para proteger los derechos fundamentales de nuestros hijos y alumnos desde el momento en que, como objetivos de dicha asignatura, los decretos reguladores, entre ellos el del Gobierno Vasco, y copio textualmente del borrador del decreto, obligan al alumno a:
- "Identificarse como vasco en un marco multicultural."
- "Expresar los sentimientos y las emociones."
- "Adquirir un pensamiento crítico y valorar las razones aportadas por otras personas", etc.
Y como criterios de evaluación, es decir de lo que debe tener en cuenta el profesor para calificar, o sea "poner la notas", el decreto impone, entre otros, que el alumno:
- "Comunica respetuosamente sentimientos y opiniones."
- "Enjuicia las conductas individuales, colectivas e institucionales."
- "Valora positivamente la identidad propia y la de las demás personas junto con su esfera privada."
- "Valora positivamente la ciudadanía global como instrumento para conseguir un mundo más justo."
- "Manifiesta rechazo hacia la discriminación basada en las diferencias individuales", etc.
No parece que los objetivos y criterios de evaluación sean respetuosos con el artículo 16.2 de la Constitución ya que, so pena de suspender o no, el alumno debe declarar obligatoriamente sobre su ideología, sea la que sea.
Quizá el Gobierno y el legislador hayan querido actuar de buena fe, no lo sé, al regular de esta forma concreta la asignatura, entre las muchas posibles como han hecho otros estados en Europa, pero está claro que no todo vale y obligar al alumno a expresar su ideología viola gravemente sus derechos constitucionales. Los padres y los educadores (profesores y centros) corresponsables debemos defender los derechos de nuestros hijos y alumnos con todos los medios legales ya que la gravedad de la situación no permite posturas pasivas ni acomodaticias.
