La mayoría de los medios de comunicación se hizo eco del último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas. El CIS se interesó por las opiniones de los españoles a propósito de la Hacienda Pública. Hubo preguntas sobre quién debería cobrar los impuestos, o cómo es el trato en la Agencia Tributaria, o si Hacienda lucha bien o mal contra el fraude. Una de las conclusiones del barómetro fue: "Más de la mitad de los españoles, el 57,8 %, considera que paga muchos impuestos y una amplia mayoría, el 73,2 %, considera injusto el cobro, es decir, no cree que paguen más los que más tienen".
La coacción misma no atrae especialmente la atención, con lo cual parece que lo importante es quién nos quita el dinero (digamos, si el Estado o el Ayuntamiento) y no por qué lo hace y en qué suma. Si hay algún problema, siempre es culpa del ciudadano, como lo prueba la expresión "lucha contra el fraude", como si la contrariedad fuera el fraude y no los impuestos, como si la cuestión fiscal se redujera a unos valerosos gobernantes que persiguen a unos pérfidos defraudadores privados. Y el máximo absurdo es eso de preocuparse mucho de si los inspectores fiscales gruñen como los viejos burócratas o sonríen cual Smiley Zapatero. No es probable que los señores del CIS vayan a formular a los españoles esta pregunta: "¿Qué prefiere usted, que las Administraciones Públicas le sonrían y le cobren mucho, o le gruñan y le cobren poco?"
La justicia fiscal entendida como quitarle relativamente más al más rico es noción tan extendida que a veces se nos escapa incluso a los liberales. Pero una serena reflexión pondría sordina a esta idea, puesto que está lejos de ser evidente que sea justo castigar progresivamente más a quien más tiene, aunque es cierto que los sistemas fiscales suelen descargar su peso sobre la clase media asalariada, como sucede con el IRPF español. La dificultad estriba, por supuesto, en que si dudamos de esa idea, necesariamente deberemos dudar de la "justicia social", que forma parte irrenunciable del discurso político de todos los partidos. Efectivamente, la llamada justicia social, es decir, quitarle a unos lo que les pertenece para dárselo a otros a quienes no les pertenece se parece más al robo que a otra cosa. Mucha intoxicación hemos debido padecer para llegar a pensar mayoritariamente que la justicia social es justicia. En realidad es una injusticia política, o sea: ni es justicia ni es social.
Señalemos por último la paradoja de que mientras nuestras autoridades se llenan la boca con la democracia, rara vez se comportan fiscalmente como eligen los ciudadanos. Por ejemplo, según el CIS casi el 60 % de los españoles creemos que pagamos muchos impuestos. ¿Bajará por ello la presión fiscal?
