Pese a las promesas del Gobierno de modificar el modelo productivo español buscando como objetivo primordial la mejora de la productividad, la economía española aumenta constantemente su brecha de competitividad con sus socios europeos, alcanzando niveles históricos de déficit comercial y pobres cifras de inversión directa extranjera.
Nuestra posición competitiva con respecto a la zona euro no ha hecho más que empeorar desde que el Gobierno socialista llegó al poder. El aumento de la productividad de la economía española, un 0,8% el pasado año según los propios datos del ejecutivo, se sitúa en el furgón de cola de nuestros socios europeos, donde de media creció un 1,5%.
No por casualidad España ha pasado del puesto 23 del Global Competitiveness Index que alcanzó en 2003 al puesto 29 en 2007, registrando este año una nota media de 4,66 sobre 7 puntos.
El propio estudio detalla cuáles son los principales problemas que amenazan nuestra economía, de acuerdo a las contestaciones de los empresarios encuestados. En primer lugar se encuentran las regulaciones restrictivas del mercado de trabajo, algo que, por cierto, no ha quedado ni mucho menos resuelto con la mini-reforma del mercado de trabajo. El segundo problema que destaca es el de la ineficiente burocracia administrativa, algo que, sin duda, el Gobierno de Zapatero entenderá que no es su responsabilidad. En tercer y cuarto lugar el índice sitúa los tipos impositivos y la regulación fiscal como limitadores de nuestra competitividad, materia en la que sin duda, el Gobierno nos querrá hacer creer que no pinta nada el Ministerio de Economía y Hacienda español. El sexto y último problema relevante que destaca el índice es la falta de calidad de la educación de los trabajadores. Igualmente, ante este problema el Gobierno que eliminó la palabra calidad de su última ley de educación se eximirá ante todos los españoles de cualquier responsabilidad.
El Gobierno se lava las manos ante los problemas, tal y como quedó patente hace dos semanas en el Senado cuando, en referencia al fuerte incremento de la inflación, el presidente dijo que éste no tenía nada que ver con su política económica. El Gobierno no es responsable de nada, a no ser que, por casualidad, algo le salga bien.
Según el último informe Doing Business del Banco Mundial, España ha pasado del puesto 108 al 118 en el ranking que establece la facilidad de abrir un negocio entre 2006 y 2007. Frente a los 10 procedimientos y 47 días necesarios de media para abrir un negocio en España, en Australia sólo son necesarios 2 procedimientos y 2 días. En materia de empleo, indicador en el que España ha retrocedido dos puestos en el ranking del informe entre 2006 y 2007, pasando del puesto 152 al 154, la situación es incluso peor. Estados Unidos se mantiene en el primer puesto gracias a su gran flexibilidad.
Con ejemplos como el de Australia en materia de facilidades a la creación de empresas, o como el de Estados Unidos en materia de empleo, queda patente así que hay muchas cosas por hacer y que el Gobierno tiene la obligación y la responsabilidad de acometer reformas estructurales que dinamicen nuestra economía y la sitúen de nuevo en la senda de la competitividad. Si no lo sabe hacer, por lo menos que imite a los que sí, pero que haga algo ya.
Estos últimos cuatro años, mientras España ha ido paulatinamente perdiendo competitividad, el Gobierno socialista ha demostrado su incompetencia a la hora de dar soluciones. Ahora que se desacelera la economía, aumenta el paro, se desbocan los precios, y se derrumba la confianza de los consumidores, en vez de remangarse y ponerse manos a la obra, el Gobierno echa balones fuera, calla y permanece de brazos cruzados, esperando despistar a los españoles para que no le hagan pagar su incompetencia en las próximas elecciones.
Ya que el Gobierno se ha demostrado incapaz de corregir esta situación, tendrán que ser los españoles los que lo hagan por él. Esperemos que marzo no sea ya demasiado tarde para conseguirlo.
