Este miércoles se supo que hay un juez que ha pedido a la CNMV las actas de la reunión en la que resolvieron no abrir expediente contra Enel y Acciona en el cenit del tortuoso proceso de destronamiento de Manuel Pizarro. Desconozco el tenor de dichas actas y de los informes jurídicos que sirvieron para adoptar dicha decisión, aunque tengo la íntima convicción de que en eso y en otros muchos atajos tiene algo que ver la larga mano de la Oficina Económica de Taguas y su amigo Sebastián, o sea, la sombra afilada de Rodríguez Zapatero, con todas sus zetas.
Que un juez haya decidido estudiar la querella presentada, entre otros, por Manos Limpias, es un motivo de satisfacción. Y no sólo porque significa que la justicia, aunque lenta, funciona; también porque abre la posibilidad a que recuperemos la credibilidad en nuestro sistema, perdida por los tejemanejes de quienes nos gobiernan.
La capitalización bursátil española tiene un tamaño espectacular, equivalente poco más o menos a nuestro PIB. El hecho de que hoy los mercados sean verdaderamente globales, es decir, que los grandes fondos y hedges se muevan a velocidad de vértigo de un país a otro según la conveniencia y, también, la seguridad jurídica que ofrezca el tráfico mercantil, requiere órganos de control verdaderamente independientes y, por descontado, gobiernos que crean en la libertad de las empresas y de sus gestores.
Aquí tenemos un Gobierno que transita en la confusión de lo que son las esferas de lo público y de lo privado. Rodríguez Zapatero y su tenebrosa Oficina Económica no han hecho otra cosa en esta legislatura que intentar mover los hilos de la tramoya para quitar a gestores de grandes compañías, con el objeto de colocar en su lugar a sus amigos o aliados.
No es nada nuevo. Estos días se celebra en Sevilla el juicio contra dos estupendos periodistas, Francisco Rosell y Javier Caraballo, contra los que se querelló nada más y nada menos que Manuel Chaves, ejerciendo sin pudor de Chávez, por una serie de informaciones comprometidas y aparentemente contrastadas en relación con el acecho a los ex presidentes díscolos de El Monte y Caja San Fernando. Ambos ex dirigentes, militantes insubordinados del PSOE, lucharon denodadamente por mantenerse en sus puestos pese a la petición de dimisión de la entonces consejera de Economía, Magdalena Álvarez, y se toparon en su particular búsqueda de Ítaca, la autonomía de sus entidades, con un feroz aparato orgánico-institucional que es el mismo que hoy lleva a estos periodistas a los tribunales.
La batalla de las cajas andaluzas se libró a cara de perro y quienes osaron levantar siquiera la mirada contra Chaves, es decir, los ya mencionados y el ex presidente de Caja Sur, se encuentran hoy en la esfera privada y con la mirada de reojo a posibles represalias. También está ya en sus cosas Manuel Pizarro. Y el ex presidente de Repsol, Cortina. El único que de momento se ha salvado de la quema ha sido FG, el presidente del BBVA.
Decididamente, merecemos un Gobierno, independientemente del color que tenga, que no se inmiscuya en la vida ordinaria de las empresas. La única manera de demostrar que España es un país fiable para las grandes inversiones internacionales es, de momento, que lo que ocurrió aquellos días en la CNMV salga a la luz pública. Y eso únicamente puede hacerlo la Justicia. Tengamos fe.