La confusión montada por Mariano Rajoy sobre la presencia del Partido Popular en la manifestación contra la negociación con los terroristas etarras tiene al menos una virtud. La de clarificar la relación de los españoles que se manifiesten y buena parte de la clase política que dice representarlos.
La manifestación tiene por objetivo expresar la solidaridad con las víctimas del terror nacionalista. Muy en particular, en este caso, con el presidente de la AVT, el gran Francisco José Alcaraz. También se acude a exigir el final de un proceso de negociación que no se ha cerrado del todo y de hecho va a continuar en el futuro próximo.
Mientras gobierne el PSOE el proceso seguirá a pesar de la violencia que ha desencadenado, a pesar de los incentivos que ha suscitado para la radicalización nacionalista, a pesar de las ventajas que ha concedido a los terroristas y a pesar de las mentiras (o patrañas, como gusta de decir Rubalcaba) del Gobierno.
Quienes se manifiestan saben perfectamente que en este proceso se juega, tanto como la dignidad de las víctimas y la decencia de la sociedad en que vivimos, la propia estructura del Estado democrático español y, en virtud de ello, la continuidad de la Nación española tal como la hemos conocido hasta ahora.
Es lógico que quienes han hecho de este cambio radical su principal objetivo político torpedeen la manifestación. Lo es menos que quienes tienen en su programa político el mantenimiento de la nación democrática y de la Monarquía parlamentaria española no hagan acto de presencia en ella.
Lo que se está dando a entender con esta actitud es que después de las elecciones podrá continuar no el proceso de negociación con los terroristas –inequívocamente rechazado por el PP–, sino el segundo, el de cesión de competencias a los nacionalistas. Y al afirmar eso se está asegurando también que este segundo proceso no romperá el Estado democrático ni, al final –final cada vez más cercano–, la unidad de la nación. Lo cual equivale a negar la evidencia misma.
Así que la manifestación en apoyo a las víctimas y contra la negociación con los terroristas será también la ocasión de exigir una política de consenso y unidad nacional contra los intereses particulares que ahora prevalecen en buena parte de la clase política española.
