A la vista de las declaraciones del lehendakari a la publicación Tempos Novos, la innegable y dramática falta de libertad que padece el País Vasco no sería el resultado de la frecuencia y la impunidad con la que los nacionalistas –empezando por los terroristas– se saltan la ley a la torera, sino, por el contrario, al hecho de que, según Ibarretxe, "parece que en el País Vasco todo es ilegal". El lehendakari justifica su hipócrita victimismo señalando el hecho de que Batasuna esté ilegalizada en el País Vasco, pero sea legal en Francia, o que su propuesta de referéndum sea "ilegal e inconstitucional", mientras que en Andalucía y Cataluña "eso se puede hacer".
Para empezar por Francia, si allí Batasuna es legal, se debe única y exclusivamente al hecho de que en el país vecino no ha sido necesaria la ilegalización para evitar que los justificadores del terrorismo etarra tengan representación política o subvención pública. El hecho es que en Francia, como en Italia, en Holanda o en Alemania, existen leyes que permiten la disolución administrativa de partidos que promuevan la discriminación racial, el odio o el terrorismo. Tal es el caso de la ley aprobada en 1972 o la ampliada en 1986, bajo las cuales fue ilegalizado en 2002 un partido nazi denominado Unidad Radical. Si ETA se atreviera a matar a franceses, y sus representantes batasunos en Francia a justificarlo, ya veríamos lo que tardaba el gobierno galo en ponerlos fuera de la ley.
Eso por no recordar al victimista lehendakari que en Francia lo que también es ilegal son las altísimas cotas de autogobierno que, gracias a la Constitución Española, sí disfruta el País Vasco, sin parangón en ninguna otra región europea.
En cuanto a los referéndum sin autorización de las Cortes, tan ilegales y nulos jurídicamente son en el País Vasco como en cualquier otra región española o europea; la diferencia es que la "consulta" que propone el lehendakari la acompaña desde hace décadas el derramamiento de sangre, en un intento directo por cuestionar la nación sobre la que se asienta todo nuestro edificio constitucional.
Al contrario de lo que dice el lehendakari, el drama de la falta de libertad en el País Vasco obedece al hecho de que parece que todo es legal, a pesar de no serlo. Ahí tenemos el ejemplo, precisamente, de la burlada Ley de Partidos, a pesar de la cual en España los legitimadores del terrorismo siguen teniendo cobertura política y subvención pública. Incluso la ilegalización de algunas listas de ANV, con las que el Gobierno de Zapatero quiso simular su supuesta observancia de la ley de partidos, sigue disfrutando de situaciones completamente incompatibles tanto con la ley como con la sentencia de ilegalización. Tal es el caso de un despacho en el Ayuntamiento de Sestao, que su alcalde, el socialista José Luis Marco Merino, mantiene abierto en favor de ANV, a pesar de que en esa localidad la lista de los proetarras sí fue ilegalizada.
Otro tanto podríamos hablar de la impunidad con la que, particularmente en el País Vasco, se viola a diario la Ley de Banderas, sin que ciertamente "pase nada", que no sea –claro está– que alcaldes que se atreven a cumplir dicha ley sean amenazados de muerte, como es el caso de la encomiable Regina Otaola.
Eso por no hablar del propio ejemplo de impunidad que da el lehendakari al afirmar que, pese a la ley y las sentencias, seguirá manteniendo contactos políticos con los ilegalizados portavoces del terror etarra.
En una cosa, desde luego, no seremos nosotros los que le quitemos la razón al lehendakari, y es cuando señala la "brutal contradicción" que supone que él "cometa delito" si habla con Batasuna, mientras que el Gobierno de Zapatero "habla no sólo con Batasuna, sino también con ETA, y no pasa nada".
Aunque el Gobierno de Zapatero utilice como excusa los contactos de Aznar o González –que no prenegociaron nada ni estuvieron abiertos a diálogo político alguno con los terroristas– para justificar una negociación que hasta el propio Rubalcaba admite que no se ha reducido a la cuestión de los presos, es indudable que la mejor forma de eludir la contradicción que entraña cualquier "dialogo" con prófugos de la justicia sería el proscribir esa apología de las treguas del Estado de Derecho que conocemos por "procesos de paz". Ni interlocución ni treguas para los terroristas, ni tampoco para sus voceros.
¿Estaría dispuesto el lehendakari a solventar de esta forma esa "brutal contradicción" que, por cierto, nace de la todavía no repudiada búsqueda de un "final dialogado de la violencia"?
