Los medios de comunicación no dan tregua, ni siquiera en estas fechas en las que estamos, hogareñas y blandas, y un día sí y el otro también nos revuelven las vísceras con noticias de atracos perpetrados con una violencia extrema. Siempre han existido este tipo de delitos, pero desde hace unos pocos años la novedad estriba precisamente en esos métodos precisos, contundentes y salvajes con que se producen. El antepenúltimo, del que ha sido víctima José Luis Moreno, ha saltado a las primeras páginas de los periódicos por el hecho de estar protagonizado por un conocidísimo showman y empresario. Pero son otros muchos los que a diario se producen en nuestro país y que no pasan de una denuncia anónima en el mejor de los casos.
Reducir el delito a la reciente oleada de inmigrantes es ciertamente una barbaridad. La misma que negar esa relación, especialmente en esa espiral infernal de atracos, asaltos y secuestros más violentos. El Ministerio del Interior trata por todos los medios que en las noticias no se haga mención alguna al origen de los delincuentes, porque podría generar alarma social. Lo mismo sucede con las estadísticas de presidiarios, en donde suele hurtarse a la opinión pública el número de detenidos que son oriundos de otros países.
En el fondo, con el pretexto de no generar rechazo a un fenómeno plausible en general como el de la inmigración, lo que en realidad estamos haciendo es hurtar un debate social imprescindible. Es la técnica del avestruz empecinado en ocultar los hechos para tranquilizarse con la supuesta evidencia de que nada sucede. Sin embargo, el problema es que esta solución políticamente correcta nos llevará a largo plazo a dejar un vasto terreno político para fuerzas indeseables de corte populista o xenófobo.
El llamado Código Penal de la Democracia hace aguas unos pocos años después de su promulgación. En primer lugar, porque fue concebido con anterioridad a que conociéramos con toda su crudeza el rápido crecimiento de la inmigración. Y en segundo lugar, porque deviene de una formulación teórica que algunos juristas han denominado el imperio del delincuente. A saber: que el garantismo jurídico y procesal en beneficio del perturbador por lo común produce una sobreprotección que perjudica al perturbado. Y no sólo en el Código Penal: ahí tenemos, por ejemplo, el tema de los alquileres en el ámbito civil.
En los próximos dos años vamos a experimentar un aumento considerable del número de parados en la construcción, que afectará de modo especial a inmigrantes con baja cualificación profesional. Igual sucederá en ciertos sectores hoy protegidos como la agricultura. Esa mano de obra ociosa y limitada en sus aspiraciones, puede (y sólo digo que puede) producir un rebote aún mayor de la delincuencia.
Resulta curioso que los partidos políticos hablen poco de este asunto, que sin embargo afecta a muchísimas familias, especialmente de las grandes ciudades. Da como vértigo saber que nuestra clase dirigente es incapaz de formular un programa de defensa del Derecho y de endurecimiento de los rigores de la ley. Claro que nada puede extrañarnos cuando hay no pocos alcaldes que se jactan de no cumplir con la legislación vigente en cuanto a los símbolos nacionales, o cuando los propios políticos miran con cierta complacencia los ataques a la propiedad privada (los okupas, verbi gracia) o a la esfera particular de las personas (la educación) o al propio derecho a la vida (el aborto).