La batalla política para conseguir la ilegalización del Partido Comunista de las Tierras Vascas y de Acción Nacionalista Vasca llevada a cabo por el Partido Popular a lo largo de la legislatura que acaba de concluir está a punto de dar su fruto. La prensa gubernamental anunció hace un par de semanas que el Fiscal General del Estado habría dado ya la orden de redactar la demanda de ilegalización de ambas formaciones políticas. Al parecer se estaría a la espera de que el juez Garzón, tras la recepción de sendos informes de la Policía o de la Guardia Civil, decrete la suspensión de actividades por considerar que tanto el PCTV como ANV no son otra cosa que una sucesión de Batasuna.
Si todo esto se confirma, estaríamos ante una gran victoria del Estado de Derecho. Sin embargo, no por ello dejaremos de calificar de escandalosa la actuación del Gobierno y de la Fiscalía General del Estado.
Los que vivimos en el País Vasco y Navarra no necesitábamos de grandes investigaciones para concluir que el PCTV no era más que una tapadera de ETA-Batasuna permitida por el Gobierno para que la llamada izquierda abertzale pudiera estar presente en las elecciones autonómicas vascas que siguieron a la fracasada presentación en el Congreso del "plan Ibarreche".
También sabíamos todos que ANV era el instrumento acordado durante el llamado proceso de paz para permitir la recuperación por la izquierda proetarra de buena parte del poder municipal perdido en el año 2003 a causa de la ilegalización de Batasuna. La decisión de permitir a unas candidaturas de ANV presentarse a las elecciones forales y autonómicas de 2007 y de negar a otras su comparecencia fue claramente arbitraria y rayana en la prevaricación.
El diario El País presentaba el día de Nochebuena como prueba inequívoca de la vinculación de ETA con el PCTV y ANV que al menos veintidós dirigentes de Batasuna están a sueldo del PCTV, "según la documentación que maneja la policía".
Pues bien, toda esta información supuestamente inédita se encontraba ya en poder del Gobierno cuando menos desde mediados del año 2005. Un informe de la Guardia Civil de 5 de junio de 2005 demostraba hasta la saciedad que el PCTV formaba parte del entramado etarra. Pero en lugar de remitirlo a la Audiencia Nacional, el Ministerio del Interior encargó a la Policía la redacción de otro informe que concluyó que no había pruebas que pudieran incriminar a la tapadera batasuna.
Hace varios meses formulé al Gobierno en el Congreso una serie de preguntas orales y escritas sobre el PCTV. Entre ellas había una en la que se solicitaba confirmación del Ministerio sobre si era cierta la información de que una veintena de miembros del aparato de la ilegalizada Batasuna cobraban su sueldo y cotizaban a la seguridad social a través del fantasmagórico partido de los comunistas vascos. Tanto el ministro del Interior como el de Justicia me acusaron entonces de sabotear el proceso de paz y me calificaron de novelista de éxito y enredador.
El juez Garzón también ha colaborado eficazmente al desarrollo de esta mascarada hasta que el Gobierno decidió dar marcha atrás y ha ordenado combatir a ETA hasta su derrota final.
El ministro Bermejo ya reveló que la ilegalización de ANV se produciría, y cito textualmente, "cuando toque". No hace falta ser un lince para interpretar que "tocaría" cuando se acercaran las elecciones generales. Y ya estamos en vísperas.
Quede claro que el día en que el juez Garzón anuncie la suspensión de actividades de los partidos abertzales y el Ministerio Fiscal ponga en marcha el proceso de su ilegalización seré el primero en aplaudir. Pero no deja de ser triste que hayan tenido que convocarse las elecciones para que se haga lo que debió hacerse en su momento y que habría evitado la presencia de los candidatos del nacionalismo proetarra en las instituciones vascas y navarras.
