Estos son tiempos muy especiales para América Latina. Varios de los dictadores que en décadas recientes gobernaron nuestros países con brutalidad, finalmente están siendo sentados en el banquillo de los acusados, para que respondan por los crímenes cometidos. En Chile, pasó por los estrados Agusto Pinochet; en Argentina y Uruguay, las cúpulas militares; y en estos días en el Perú, Alberto Fujimori debe enfrentar a la Justicia. A simple vista, parecería que todos los que estamos en contra de las dictaduras de cualquier signo, estamos de parabienes. Finalmente habrá una señal clara hacia todos los potenciales tiranos, para que sepan que sus excesos no quedarán en la impunidad. Pero, ¿es realmente así?
La nota distintiva de la cultura Occidental, con respecto a las otras civilizaciones, es el Estado de Derecho. Esa es su creación más original y el sustento de su grandeza. Es el "secreto" de su éxito, aunque otras cosas que aparentemente "brillen" más, como por ejemplo, el espectacular desarrollo económico alcanzado. El Estado de Derecho se funda en una concepción de la Justicia muy específica. Ante todo, la despersonalizó para hacer de ella una institución. Eso significa que los derechos de las personas ya no son una "concesión" de los transitorios "dueños" del poder político sino que, por el contrario, son considerados como "inherentes" a la personalidad humana. Trascienden a las personas y circunstancias históricas.
Filosóficamente, el concepto de Justicia se basa en los siguientes fundamentos: la igualdad ante la ley; la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario; la no retroactividad de la norma jurídica; y el derecho a un proceso rápido, justo y con garantías, llevado adelante por tribunales imparciales. Justamente, estos elementos son los que nos permiten distinguir a una forma de gobierno democrática de una tiranía. En estos días, el continente está dando abundantes y claras muestras de ello.
Recientemente Juan M. Bordaberry, el ex presidente uruguayo que disolvió las Cámaras, dando inicio formal a la dictadura de los años 70, y su canciller Juan C. Blanco, fueron procesados como co-autores de algunos de los crímenes perpetuados durante su mandato. El dictamen no se habría fundado en pruebas, sino en el razonamiento siguiente: "alguien en su posición institucional no podía no saber qué estaba pasando en los años de una represión cruel y sangrienta".
Asimismo, el ex presidente de facto, teniente general (r) Gregorio Álvarez fue enviado en estos días a la cárcel, imputado de reiterados delitos de desaparición forzada. Según los informes de la prensa, la responsabilidad penal –al igual que en los casos anteriormente citados– se fundó en deducciones lógicas, porque de los interrogatorios "no surgieron elementos que permitieran sindicarlo como conocedor de los secuestros y desapariciones investigados".
Simultáneamente, con la notificación de la resolución judicial, los abogados defensores tomaron conocimiento que el juez les había denegado su pedido, para analizar el expediente y citar a los testigos que habían propuesto, antes de que el magistrado dispusiera el procesamiento. En esas circunstancias, los letrados renunciaron porque según sostuvieron, habían carecido de salvaguardias para ejercer la defensa. Adujeron, que en los hechos, "la defensa resulta meramente nominal". Y que en un proceso de "proyección histórica", no era su intención "cohonestar una actividad jurisdiccional viciada de nulidad y sin garantías."
Este ambiente hizo surgir en nosotros serios interrogantes. Si vamos a combatir la injusticia con más arbitrariedad, el terror con otro tipo de intimidación, a violar los derechos individuales en nombre de los derechos humanos, entonces, ¿cuál es la diferencia entre un régimen y el otro? ¿Es realmente justicia o tan sólo revancha? ¿Estaremos poniéndole punto final a la tragedia latinoamericana que ha jalonado nuestras respectivas historias, o tan sólo estaremos alimentando las venganzas del mañana, con otras víctimas y otros "justicieros"?
