Cuando tuve conocimiento de lo que estaba ocurriendo con las sedaciones en las Urgencias del Severo Ochoa, no pregunté por la adscripción política del pequeño grupo de médicos que, según mis fuentes, llevaba a cabo prácticas irregulares. Sencillamente, no era de interés para el caso. En parecida situación de ignorancia respecto a ese punto debía de encontrarse el secretario general del partido Socialista de Madrid, Rafael Simancas, cuando habló, en marzo de 2005, de "una supuesta práctica continua de eutanasia activa" en aquel hospital, tildó de "extraordinaria gravedad" los hechos y pidió que se aclararan "todas las circunstancias" que hacían que el centro tuviera "tasas de mortalidad en Urgencias que duplican" a las de otros hospitales "sin ninguna causa razonable". Sin embargo, el aspecto que a mí me había parecido irrelevante y que a Simancas, en la época indicada, también, ha resultado ser el decisivo. Una vez enterado del who’s who, el posicionamiento inicial del entonces dirigente socialista madrileño cambió radicalmente y su partido, más socios diversos, convertirían en una pugna política un caso que debería haberse tratado únicamente desde el punto de vista profesional.
La politización más el corporativismo más el avestrucismo ganaron, finalmente, la batalla a la averiguación de la verdad. Por ser más precisos, a su demostración. El Colegio Médico de Madrid encontró "mala praxis" tras un informe pericial. El juez archivó el caso por la imposibilidad de probar, a falta de autopsias, que las dosis excesivas de sedantes causaron la muerte. Ahora, la Audiencia ratifica el archivo, pero además dispone eliminar la referencia a la mala praxis con el argumento de que no ha tenido relevancia penal. Manuela Carmena, la abogada laboralista y comunista de otrora, ahora miembro de una Fundación del PSOE –datos obligados en un caso que se ha querido político–, deja con el trasero al descubierto al Colegio Médico y a sus peritos. La noble institución no va a rechistar. Quedan, entre tanta turbiedad, unos datos objetivos y verificables: la mortalidad en las Urgencias del Severo duplicaba, por lo menos, la habitual en centros similares antes de la destitución de Montes; la tasa ha descendido notablemente desde que se le apartara de un puesto –jefe de dicho servicio– que era de libre designación.
A los periodistas que apoyamos la investigación del caso y denunciamos los hechos se nos acusa, desde las filas de quienes decidieron taparlo, de malas prácticas, juicios paralelos y campañas orquestadas. Pues bien, no sé qué harán los restantes aludidos, pero yo me acuso. Me acuso de reclamar la investigación. Me acuso de denunciar unos hechos de los que tenía información absolutamente fiable. Me acuso de no haber podido hacer más por esclarecerlos. Y, sobre todo, me acuso de conocer la verdad. Pero también acuso. Acuso a quienes, sin interés alguno por la verdad o cerrando los ojos a ella y despreciando los derechos de los pacientes y sus familiares, llevaron el caso al terreno político, montaron una ruidosa campaña de apoyo al doctor Montes y sus colaboradores, organizaron manifestaciones en respaldo suyo e hicieron lo posible por confundir a la opinión pública. Acuso a todos los que han puesto su granito de arena para enterrar una "verdad incómoda". Y acuso a un sistema que dificulta investigar y probar la mala praxis médica y a unas autoridades escasamente vigilantes y temerosas del escándalo.
Hay cabezas de chorlito que creen que este asunto iba de mitigar el sufrimiento de pacientes terminales. Que se informen. Hay otras partidarias de sedarnos. No merece la pena, por imposible, calmar sus ansias. Pero podemos proponer que se apliquen el cuento los que se opusieron a investigar, los que absolvieron al doctor Montes desde el principio y los que cocinaron acusaciones de conjuras contra la sanidad pública.
