Como aquí hemos llegado al punto de que la democracia consiste en no hablar lo que no conviene al proguevoguesismo, no me ha extrañado nada que Rodríguez Zapatero y el PSOE criticaran de inmediato la propuesta de Rajoy del contrato sobre los inmigrantes, en términos demoledores. "Alienta las peores pasiones para la convivencia", ha dicho con tono admonitorio y falsamente preocupado el presidente.
Conviene matizar mucho esa advertencia zapateril. Nadie quiere que en nuestra sociedad se instale la semilla de la extrema derecha, al modo con que viene haciéndolo en otros países europeos (Francia, Bélgica, Austria, Holanda, algún Länder alemán...). No lo quieren los socialistas, que saben que esos partidos de corte populista se alimentan de tradicionales votantes de la izquierda; ni lo quiere por supuesto un PP que, en su histórica versión de AP, hizo mucho por integrar en el sistema democrático a los sectores más nostálgicos con el anterior régimen político.
Ahora bien, lo que habría que decidir es cómo se es más efectivo para impedir que rebroten los elementos radicales en nuestra sociedad, tanto a la izquierda como a la derecha. En este sentido, cabe preguntarse si esconder un grave problema social (el tercero en todos los sondeos del CIS) y sustraerlo del debate político ayuda o perjudica a que surjan esas nefastas alternativas.
No hablar de los problemas, como sucede con el tema de la inmigración o ahora también con la economía, no los soluciona. Todo lo contrario: los agrava, porque nadie está dispuesto a diagnosticarlos y predecir soluciones. Enquistar el asunto de la inmigración, por tanto, traería la consecuencia de que una parte de nuestra sociedad busque soluciones a sus problemas allí donde se les dé. Y si no lo hacen los partidos del sistema, lo harán los partidos antisistema, pero con unos argumentos y medidas ciertamente graves para la convivencia democrática.
Que el 56% de la población española, según concluye nada más y nada menos que El País, apoye la propuesta del contrato de inmigración propuesto por el PP debiera hacer pensar a la gente de Ferraz que su discurso políticamente correcto les aleja de las reales demandas de la población. Decir por tanto que la propuesta de Rajoy es irresponsable y xenófoba es como acusar al 56% de los españoles de racista. Una auténtica barbaridad sin fundamento alguno.
El fenómeno de la inmigración requiere de todos sensatez para diseñar y articular políticas eficientes que nos permitan, de un lado, integrar a los recién llegados, y de otro limitar el acceso a nuestro país a personas a las que no podremos dar trabajo no sólo por la actual coyuntura económica, sino también porque no sean las adecuadas para las bolsas de demanda de empleo que tenemos que satisfacer. Esto hace mucho que lo descubrieron los alemanes.
Los socialistas prefieren la multiculturalidad a la integración, pero esa opción de la izquierda nos llevaría a la generalización de guetos que conducirían, inevitablemente, a problemas reales de convivencia, como se ha visto en las ciudades de Francia.
Nadie habla del efecto perverso de las remesas de inmigrantes, que se acercan ya al 1% del PIB nacional. Pero con independencia de lo que ello significa para nuestra economía, que ya tratamos en un artículo anterior, lo grave es que pone de manifiesto la nulidad de nuestro Gobierno ante este fenómeno: el propio Banco de España reconoce que es incapaz de conocer con exactitud la cifra real de las remesas, porque buena parte de ellas se hacen fuera del sistema regulado. Impresentable.
Otro de los problemas que tenemos que afrontar es la repercusión en el gasto social de ese 10-14% de población inmigrante que hoy reside en nuestro país y que, en su inmensa mayoría, son receptores netos (diferencia entre lo que reciben del Estado y su contribución fiscal) de ayudas públicas. Y a esto es a lo que se refería en sus artificialmente polémicas declaraciones el bueno de Arias Cañete. El propio Banco de España ha dejado claro en alguno de los informes de sus técnicos que la inmigración no va a solucionar el problema de las pensiones, sino que, por el contrario, lo agravará a medio y largo plazo.
Además, el paro, que se ceba especialmente entre los inmigrantes, capa laboral con menor cualificación profesional, va a suponer en la actual coyuntura económica un importe nada desdeñable que sin duda repercutirá negativamente en nuestras posibilidades de recuperación, como ha puesto de manifiesto recientemente el prestigioso Instituto Juan de Mariana.
A esto habría que añadir los efectos de las medidas de corte populista y electoralista que está presentando Zapatero. Un ejemplo: el denominado cheque-baby. La suma de este importe junto con la de percepción por desempleo puede provocar a medio plazo un enorme efecto negativo en el servicio doméstico, con la consecuencia igualmente perniciosa de limitar bien la natalidad, bien la incorporación de la mujer española en el mercado de trabajo: una mujer inmigrante que trabaje en el servicio doméstico puede ver que con esas dos ayudas podría vivir sin trabajar alrededor de tres años. Y eso sin añadir otros subsidios o que vuelva a tener derecho a un nuevo cheque-baby a lo largo de ese tiempo.
Por otra parte, la recepción indiscriminada de inmigrantes llevada a cabo por nuestros gobiernos, y de modo especial por el socialista de esta última legislatura, ha impedido seleccionar mano de obra con valor añadido, lo que se ha traducido en una notable pérdida de productividad de nuestra economía. Justo lo que no necesitamos.
Y finalmente, el rebrote del desempleo, especialmente entre inmigrantes, muchos de ellos procedentes de países en donde la cultura imperante es de menor respeto que aquí por los bienes jurídicos protegidos (ya sean cosas o incluso la propia integridad de las personas), acarreará aún más un aumento de las tasas de delincuencia en nuestro país. España es, como ya dijimos en otro artículo anterior, uno de los países más garantistas que existen en el mundo, lo que quiere decir que existe una sobreprotección al delincuente sobre la víctima.
Todos estos son problemas reales que afectan a la vida cotidiana de los españoles. Nadie ha propuesto discriminación alguna, ni mucho menos campos de concentración, para los inmigrantes, que por otra parte y con racionalidad, han sido y son necesarios para nuestra economía. Por tanto, nadie debiera descalificar a ningún político por el hecho de proponer soluciones a problemas ciudadanos. Precisamente para eso están los partidos. Y la democracia.
