Pocas cosas hay más carentes de sentido que imaginarse a una persona desterrada de la red. El destierro implica, por lo general, una barrera física, un concepto relacionado con las fronteras, con los países, con la prohibición para una persona determinada de entrar y permanecer en el territorio del que ha sido desterrado. Internet, en cambio, es un entorno en el que las fronteras tienen muy poco sentido, Más allá de las fronteras lingüísticas, dependientes no del territorio sino de las limitaciones de los usuarios, internet tiene, en general, muy poquitas fronteras: uno puede, a golpe de clic, saltar de un país a otro, de un contenido a otro, acceder a cualquier obra producida y digitalizada por los hombres.
Algunas empresas, como Google, hacen de eso su misión: "organizar información proveniente de todo el mundo y hacerla accesible y útil de forma universal", y les va muy bien haciéndolo. Otros, en cambio, se dedican a lo contrario: a intentar vana y estúpidamente crear fronteras, divisiones y prohibiciones imposibles de llevar a cabo, en un patético intento por recuperar el control, por mantener sus privilegios de otras épocas. Ahora, en Europa, tendremos que luchar contra los gobiernos de Francia y del Reino Unido, los llamados "señores del destierro".
La idea proviene de uno de los gobernantes más personalistas de la historia reciente: Nicolas Sarkozy es el culto a la persona, el hombre resolutivo, de acción, el que cubre ignorancia con firmeza. ¿Qué puede esperarse de Sarkozy cuando los intereses de las industrias basadas en el copyright y en un concepto de propiedad intelectual dolorosamente necesitado de una fortísima revisión le convencen de que sus sacrosantas obras están siendo expoliadas por malvados y villanos, y que eso está poniendo en peligro la hegemonía cultural y hasta la mismísima grandeur francesa? Pues simplemente, se sube a su caballo, y proclama una ley que designa que todos aquellos que cometan el terrible pecado de atentar contra esta industria sean reprendidos, castigados o desterrados.
A los ojos del señor Sarkozy poco importa que, en realidad, la industria no esté defendiendo nada más que sus anticuados e imposibles modelos de negocio propios del siglo pasado, que los presuntos malvados y villanos no sean más que personas disfrutando de sus creaciones y dispuestos a entregarles su valiosa atención monetizable de variadas maneras, o que la red se haya convertido en la mejor herramienta para la difusión de las obras culturales. Para Sarkozy, el hecho de que estemos viviendo el mayor renacimiento cultural en cantidad, calidad y disponibilidad de música de todos los tiempos es algo que tiene que ser negado, que no encaja en su visión del mundo: a él le han dicho eso de que la cultura está en peligro, y él enarbola esa bandera como si tuviese que defender a su dama del ataque de una turba embrutecida. Convertido de repente en adalid del copyright y azote de los infieles, se lanza al ruedo político y protege a una industria caracterizada por su ineficiencia y su marcadísima obsolescencia de los embates del progreso tecnológico: todo aquel que ose descargarse un tipo de bits determinado caerá bajo el peso de la ley y será flagelado públicamente con el cable de su ratón. Y si además insistiese en sus tropelías, caerá sobre él la más negra de las penas: el destierro, el ostracismo digital.
Las ocurrencias de Monsieur Sarkozy son de órdago a la grande: no sólo pretende perseguir a la gran mayoría de los internautas por un comportamiento socialmente aceptado y que se ha convertido en uno de los incentivos clave a la hora de acercar a las personas a internet, sino que además pretende reclutar un nuevo tipo de policías: las empresas de telecomunicaciones, que se verá obligadas a monitorizar el tráfico de sus usuarios y a hacer saltar las alarmas cuando éstos hagan un uso sospechoso de sus conexiones. Allá van derechos fundamentales como el secreto de las comunicaciones, una garantía fundamental en casi todos los países civilizados que sólo suele quebrarse cuando hay amenazas terroristas o de delitos graves. Todo vale para defender a los señores del copyright y a esa casta superior en la que se han convertido esos artistas subvencionados tan cercanos al poder.
Las ideas de Sarkozy, que además ahora y para más desgracia parecen pasar de Calais a Dover a través del Canal de la Mancha, revelan un desconocimiento y una incomprensión tan grande de la sociedad en red actual que deberían hacer que declarásemos a sus proponentes enemigos públicos número uno del progreso. A los ojos de estos políticos, los bits son algo de colores, podemos saber con toda facilidad si se trata de "bits buenos" o "bits malos", y todo aquel que descarga mucho es sin duda un delincuente que debe ser desterrado.
La obsesión de Francia e Inglaterra con el destierro digital redundará en una escalada de la encriptación de contenidos que convertirá en una pura conjetura la identificación de esos presuntos delincuentes que roban algo que jamás desaparece de su lugar original. Los falsos positivos, la atribución incorrecta de delitos a personas que descarguen contenidos perfectamente autorizados por sus derechohabientes, redundará en todo tipo de problemas de aplicación y terminará no sirviendo absolutamente para nada más que para crear un clima de inseguridad y de injusticia. Y lo peor: es algo injusto, injusto, injusto. Un error histórico, una aberración ante el progreso de la tecnología, una soberana estupidez. Maldigan los dioses de la red a quienes pretenden otorgar a los torpes señores feudales de la industria de los contenidos la potestad para intentar gobernarla y desterrar a los que consideran sus súbditos.
