Los datos de inflación correspondientes al mes de enero demuestran, una vez más, el fracaso del Gobierno en la gestión económica, reflejado en una tasa de aumento de los precios del 4,3 por ciento, un nivel que no se alcanzaba desde 1995, a pesar de que enero es un mes de rebajas que tiende siempre a reducir la inflación. Las cosas, por tanto, no están bien porque desde el Ejecutivo se renunció a continuar en esta legislatura con la política de reformas estructurales y liberalizaciones emprendida por el PP y que sigue necesitando la economía española.
Para enmascarar su fracaso, de cara a las elecciones generales del próximo 9 de marzo, el Gobierno asegura que la tasa de inflación descenderá a partir de abril. Eso es, probablemente, cierto, pero no sería resultado de una política activa para frenar la escalada de los precios. Por el contrario, obedece a dos factores que están fuera del control del Ejecutivo. El primero de ellos, el más importante, es un simple truco estadístico. Como el año pasado la tasa de inflación subió mucho, este año, en términos porcentuales, lo hará menos. De esta forma, Zapatero y su equipo pretenden dar la sensación de que han hecho algo para combatir el fuerte alza de los precios, pero no es así. No son más que matemáticas, no medidas de política económica, que, por su propia lógica, reducen el porcentaje de aumento de los precios, pero no arreglan el daño hecho. Este daño es, ni más ni menos, que la pérdida de poder adquisitivo experimentada por los españoles como consecuencia del descontrol del IPC, que afecta, sobre todo, a los pensionistas y los trabajadores menos pudientes ya que el principal responsable del desmande de los precios es algo tan básico e importante como el capítulo de los alimentos.
Así, las rentas más bajas se han visto empobrecidas porque no se ha avanzado en la liberalización del comercio y los canales de distribución, sino todo lo contrario. Aquí es dónde está la responsabilidad del Gobierno, porque la ley Montilla de horarios comerciales supuso una oportunidad perdida para seguir avanzando hacia la liberalización, pero al abrir las puertas a que las autonomías pudieran legislar en forma restrictiva, todas ellas menos Madrid, donde prima el liberalismo, se agarraron a esa posibilidad y ahora lo están pagando los españoles. Por lo demás, siempre es bueno que se reduzca la tasa de crecimiento de los precios, aunque sea por un truco estadístico, pero eso ya no arregla los males producidos a los mileuristas ni a quienes tienen que vivir de una siempre escasa pensión.
El segundo factor es el precio del petróleo. El año pasado se disparó hasta superar los 90 euros por barril. Sin embargo, las últimas previsiones para este año de la Agencia Internacional de la Energía hablan de una disminución de la demanda de crudo de 350.000 barriles diarios, como consecuencia de la desaceleración de la economía internacional, que aliviará las presiones alcistas sobre la cotización del oro negro, si es que Hugo Chávez no se empeña en seguir poniendo nervioso a los mercados de materias primas con medidas como el cierre del abastecimiento de petróleo a la multinacional estadounidense ExxonMobil.
El petróleo, por tanto, puede contribuir a reducir la inflación en los próximos meses, pero las razones por las que lo hará no son buenas. Es por causa de una fuerte desaceleración económica internacional que España tendrá que afrontar metida hasta las corvas en la crisis de la construcción, sin estar debidamente preparada para afrontarla y con las promesas electorales que está realizando Zapatero como espada de Damocles que pende sobre un presupuesto que no podrá aguantarlas.
Trucos estadísticos y crisis, por tanto, serán los factores que contendrán la inflación, no las acciones del Gobierno de Zapatero, que han brillado por su ausencia, lo que ha provocado tanto el empobrecimiento de las clases españolas menos pudientes como el debilitamiento de la economía española ante la que se le está viniendo encima.
